El grupo ecologista GOB ha denunciado este viernes la explotación desde hace tres semanas de un bar restaurante con piscina en la costa de Can Picafort, en dominio público, sin la preceptiva autorización por parte de Costa.
La entidad ha detallado en un comunicado que la autorización para las temporadas 2019-2022 de este complejo figura como denegada en el visor de instalaciones de temporada de la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio. El GOB asegura que el antiguo concesionario no es la empresa que actualmente figura como explotadora en los recibos del bar.
La entidad critica que la Demarcación de Costas de las Islas Baleares tolere «esta situación de total ilegalidad, como muchas otras ocupaciones y explotaciones, sin tomar ninguna medida efectiva para acabar con el descontrol e impunidad existente en las costas de Mallorca desde hace mucho tiempo».
El GOB ha solicitado a Demarcación de Costas que adopte medidas «para acabar con la ocupación y explotación de las obras e instalaciones de la antigua concesión de la piscina y bar-restaurante del Mar y Paz de Can Picafort».
La entidad ha recordado que, precisamente este jueves, la Audiencia Nacional anuló dos órdenes ministeriales por las que se concedía una prórroga de 60 años a la concesión de la ocupación de dominio público de la piscina de Pedro J. Ramírez en Son Servera. Y en consecuencia acordó la extinción de la concesión administrativa prorrogada.
En la sentencia, la Sala analiza el artículo 32.1 de la Ley de Costas, en relación con el artículo 61 del Reglamento General de Costas de 2014 por el que únicamente se puede permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas instalaciones que, por su naturaleza, no pueden tener otra ubicación.
El tribunal concluye que en este caso no se ha cumplido con el deber de justificar razonablemente que no existía otro lugar, ni respecto de la piscina, ni de la terraza, en cuanto elementos integrantes de la concesión. Y tampoco en el caso del embarcadero. Ante el carácter excepcional y restrictivo con el que debe interpretarse toda ocupación de dominio público marítimo terrestre, la Sala estima que «hay razones de interés público, en cambio, para denegar la prórroga de la concesión otorgada por la Administración y acordar el desmantelamiento de las obras, única forma en que queda garantizado el disfrute del dominio público marítimo terrestre para su libre utilización».
El GOB recalca que esta es la tesis que ha alegado ante la Demarcación de Costas para cuestionar «numerosas prórrogas de concesiones» que considera contrarias a la ley, como es el caso del Hotel Cala Vinyes de Cala Vinyes, el complejo Puro Beach de Can Pastilla o la terraza y piscina del Hotel Daina del Puerto de Pollença.
El GOB se ha comprometido a seguir trabajando para que se cumpla la Ley de Costas, «especialmente en cuanto a las prórrogas de concesiones extinguidas por ley en 2018», para la restitución a su estado natural de muchas obras existentes en dominio público.