La protección de la Serra de Tramuntana como Patrimonio Mundial tendrá cobertura legal diez años después de la declaración de la Unesco. El departamento de Territori del Consell de Mallorca trabaja en la redacción de lo que será una nueva norma que protegerá el patrimonio etnológico y cultural en los 20 municipios que conforman la Serra.
La nueva ley que propone el Consell, y que deberá ser aprobada por el Parlament, no limitará la normativa urbanística o ambiental que ya viene fijada por la Conselleria de Medi Ambient y por los diferentes planes urbanísticos de los ayuntamientos, sino que se centrará en los elementos patrimoniales y culturales que conforman la Serra de Tramuntana y que le dan valor.
Así lo explica la consellera insular de Territori, Maria Antònia Garcías, quien lidera el proyecto y destaca la necesidad de preservar el patrimonio cultural de la Serra «para mantener aquellos elementos que han hecho que este paisaje sea como es actualmente» y donde durante siglos «ha habido una transformación del paisaje sostenible debido a la acción humana». Garcías se refiere a elementos etnológicos como los márgenes realizados con la técnica de la pedra en sec, el sistema de terrazas aptos para el cultivo, la red de caminos empedrados o el sistema hidráulico.
«Estas se han construido con prácticas antiguas que será obligatorio su preservación», recalca la consellera mientras recuerda que la declaración de Patrimonio Mundial que se otorgó a la Serra no hacía referencia únicamente a los elementos naturales o medio ambientales sino que también se ponía en valor por ser un paisaje productivo y bien adaptado a los asentamientos humanos tras siglos de transformaciones.
La nueva norma también permitirá una mayor agilidad a la hora de gestionar las ayudas que otorga el Consorci de la Serra Tramuntana y a la que se acogen tanto particulares como los diferentes ayuntamientos. «La Serra necesita su propia sostenibilidad y que también se pueda mantener económicamente», recalca la consellera insular.
El Consell trabaja ahora en asentar las directrices de la futura ley. Para ello ha iniciado un proceso de participación con entidades sociales, ciudadanía, ayuntamientos, la UIB, así como un comité de expertos sobre la Serra de Tramuntana. La proposición de ley, que se prevé que esté redactada a finales de año, se elevará después al Parlament para su aprobación.