El Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Palma concluye que el Ajuntament de Selva actuó correctamente cuando el 6 de septiembre de 2018 el entonces alcalde Toni Frontera (Arrelam), ordenó recuperar un tramo de 200 metros del Camí de Inca a Lluc sobre el que una propietaria había colocado una rejilla.
Se trata del último tramo del camino que en aquél momento estaba cerrado a los senderistas. Pese a no ser de su competencia, el Consell se personó en la causa, en defensa de la ruta Artà–Lluc de la que forma parte esta vía.
La sentencia, que se puede recurrir, desestima el recurso que presentó la propietaria que aseguraba que los terrenos eran suyos y no de dominio público.
La principal tesis que mantenía la demandante es que debido a un mal mantenimiento, el torrente habría ido erosionando el camino hasta hacerlo desaparecer, pero la juez concluye que el camino discurre por mitad de la finca donde se colocó la rejilla.
El alcalde Joan Rotger (PP) aplaudió ayer la sentencia: «Es muy positivo que valore la labor del Ayuntamiento en la custodia y preservación del camino público». En el mismo sentido se expresó el portavoz de Arrelam, Biel Morro que pide que se limpie y mantenga el tramo.
La consellera insular de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, celebra la recuperación del tramo y anuncia que, «aunque el camino ya está abierto, es transitable y está señalizado, se estudiará la construcción de unos marges que eviten la erosión del torrente».