La Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció ha notificado al alcalde de Binissalem, Víctor Martí (UxB), que abre una investigación a raíz de tres denuncias realizadas entre junio y septiembre de 2020 en las que se le acusa de hasta 13 presuntos delitos de prevaricación.
Desde el organismo dirigido por Jaime Far se informa a Martí que la comunicación «no prejuzga el resultado final de la actuación investigadora» y le recuerda que podrá formular «alegaciones y aportar los documentos que considere oportunos en la defensa de sus derechos».
El conjunto de las tres denuncias recibidas por la oficina incide «en la mala gestión municipal por determinados gastos y pago de algunas facturas, en gran parte, precedidas de un informe desfavorable por parte del departamento de Intervención». Estos informes «han sido obviados por el alcalde, autorizando los gastos y firmándolos por él mismo en segunda instancia», según se desprende de la notificación registrada ayer en el ayuntamiento.
Contrataciones
El grueso de las denuncias se refieren a supuestas contrataciones irregulares de las que ya se hizo eco Ultima Hora en octubre del año pasado. La oficina investigará contrataciones de trabajos de la brigada por parte del alcalde, sin partida presupuestaria y con la contratación irregular de tres personas por trabajos de mantenimiento propios de la brigada. Otro de los frentes será la contratación de trabajos diversos a una sola persona, algunos correspondientes al servicio de aguas, sin contrato, sin verificación de las tareas y con la justificación del alcalde bajo conceptos ambiguos e imposibilidad de control por parte del funcionariado municipal. Otra empresa figura en las contrataciones por las que se facturaron servicios de espectáculos de 2018 a 2020, sin expedientes y realizando trabajos que no estaban relacionados con su objeto social.
El listado sigue con la contratación de dos personas, una a través de una comunidad de bienes y la otra para prestar servicios jurídicos, sin ningún tipo de expediente o procedimiento legal. Las demás denuncias se refieren a diferentes motivos, como un accidente en la vía pública por el que el alcalde se comprometió a pagar los daños de un vehículo a pesar del informe negativo de un agente de policía; la señalización de pasos de peatones para beneficiar a determinados vecinos para que no tengan que solicitar vados; gratificaciones sin justificación abonadas a dos funcionarios de las áreas de Policía y Administración, así como la desaparición de un expediente de sanción por botellón en la calle o la existencia de cajas de recaudación sin un control adecuado en la contabilidad del Ayuntamiento.
El alcalde Víctor Martí (UxB) manifestó a raíz de la comunicación de la Oficina que «desde el Consistorio seguimos una política de transparencia», por lo que anuncia que «colaboraremos aportando todo lo requerido por los órganos competentes».