El suelo rústico de Mallorca puede albergar la construcción de 11.214 viviendas, siguiendo la normativa del Plan Territorial, según el cálculo realizado por Terraferida que estima que la suma entre viviendas edificables y ampliables alcanzaría las 18.662, y que pide que «se salve» el terreno rural que queda.
La entidad ha invertido un año en realizar un estudio sobre la potencialidad de edificación en suelo rústico en Mallorca, que ha determinado que las posibles nuevas edificaciones consumirían 4,4 km² de suelo rural, ha informado en un comunicado. Las viviendas existentes en suelo rústico de Mallorca ascienden a 53.200.
«Queremos la protección integral del suelo rustico por muchos motivos, empezando por ser eficientes urbanísticamente», ha declarado el portavoz de Terraferida, Jaume Adrover, que advierte de que hay municipios como Manacor, con más de 1.500 parcelas edificables.
A partir de esas cifras, Terraferida ha reclamado «una acción de gobierno decidida para detener la urbanización masiva del campo, un fenómeno que se produce desde hace años y que está convirtiendo Mallorca en una gran urbanización con unos pocos espacios naturales no edificados».
Adrover advierte de que el suelo rústico no es edificable en varias comunidades y que «lo que está pasando en Mallorca es una anomalía». Añade que además, en la actualidad, estas construcciones se dirigen a extranjeros y «todo va dedicado a grandes inmobiliarias y fondos de inversión». La protección permitiría «recuperar parcelas agrícolas que no vivirían con la expectativa de vender la parcela a un rico». «Nos jugamos el paisaje y el bienestar», agrega Adrover.
El estudio ha identificado 11.214 parcelas no edificadas donde se pueden construir viviendas de hasta 300 m² según la normativa vigente, y 72.137 parcelas ya edificadas, donde el 24,6 % de las construcciones son agrícolas, algo que han calculado a partir de un muestreo, y 53.200 son viviendas. A estas se añaden 1.200 edificaciones registradas como industrias, comercios, bares restaurantes u otros usos urbanos.
Han hallado además 7.448 viviendas ampliables, con una media de superficie construida de 163,2 m², y por tanto una capacidad media de ampliación de 136,8 m² por vivienda. Terraferida calcula que la potencialidad de ampliación de edificaciones existentes en suelo rústico es de 1.018.886 m² de superficie.
Entre parcelas donde se puede construir y donde se pueden ampliar las construcciones, suman 4.383.086 m² de superficie edificable.Terraferida advierte de que a este cálculo habría que sumar la potencialidad de edificar más viviendas mediante el sistema de la concentración de parcelas, dada la restricción de superficie mínima para poder construir en rústico.
La entidad también ha calculado la población potencial que albergarían, teniendo en cuenta una media de 6 plazas para cada vivienda nueva y 2 para las ampliables. Sumarían 82.240 nuevas plazas, «el mismo número de habitantes que suman Manacor e Inca, pero dispersos en una multitud de edificaciones que desfigurarán todo el suelo rústico», asegura Terraferida.
La entidad defiende que «el suelo rústico es lo más valioso que tiene Mallorca» por lo que «hay que frenar la avalancha urbanizadora 'foravila' y salvar lo que queda». Detalla que solo en los últimos 25 años se han concedido un mínimo de 10.000 licencias para construir grandes viviendas con piscina, un fenómeno que «expulsa la agricultura, transforma el conjunto de la parcela más allá de la edificación y cambia los usos agrarios y forestales y crea más dependencia alimentaria», advierte.
Alertan de que los usos urbanos en el campo disparan el consumo de agua y la sustitución de la tierra fértil para cemento y asfalto destruye la capacidad productiva del suelo. Además la urbanización del campo «multiplica las necesidades de nuevas carreteras, devasta paisaje y la memoria biocultural que había permitido una explotación racional de los recursos».
«Estamos convirtiendo 'foravila' en una inmensa urbanización cada día más exclusiva para extranjeros ricos», advierte la organización, que considera que «el suelo rústico no debe ser edificable», algo que ya protegió íntegramente Menorca en 2003 y que en la actualidad se reconoce como «un acierto histórico que ha permitido conservar agricultura y paisaje totalmente compatibles con el resto de sectores económicos».