El Govern respalda las acciones emprendidas por el Ajuntament de Bunyola contra las colonias felinas, después de que un colectivo de vecinos denunciara el pasado mes de abril que numerosos grupos de gatos callejeros habían tomado las zonas públicas del casco urbano, además de los perjuicios que el deambular de los mininos ocasiona en viviendas privadas. El detonante del clamor ciudadano fueron los problemas de insalubridad que estos gatos estaban provocando en el patio y el huerto infantil del colegio Mestre Colom.
Según un informe del servicio de Salud Ambiental de la dirección general de Salud Pública del Govern, la colonia felina establecida en las inmediaciones del citado centro docente, autorizada en su día por el Ayuntamiento, «presenta un excesivo número de animales». Asimismo, el informe técnico del departamento de la Conselleria de Salut i Consum destaca el «riesgo sanitario» que el deambular de los animales salvajes por el patio y el huerto de la escuela, así como por las propiedades privadas cercanas, puede ocasionar a los alumnos y vecinos. «Tanto por la posibilidad de transmisión de determinadas enfermedades, como por las condiciones insalubres derivadas y las molestias ocasionadas», advierten desde el Govern.
Por otra parte, el mismo documento destaca que la colonia felina en cuestión «no parece sometida a ningún tipo de control veterinario o sanitario, ni está garantizada la esterilización de todos los animales que la componen». Por todo ello, a través del informe técnico, la Conselleria insta al Consistorio a iniciar las acciones correctoras pertinentes para resolver esta situación y, especialmente, «limitar y controlar el número total de animales de la colonia y retirar los animales en exceso». También conmina a ubicar la colonia en otro lugar, alejado del colegio, y que esta se limpie y desinfecte con frecuencia, amén de garantizar la esterilización del control sanitario y veterinario de los gatos.
Una serie de medidas que el Ajuntament de Bunyola puso en marcha incluso antes de contar con el aval del servicio de Salud Ambiental de la dirección general de Salud Pública. Unas acciones que despertaron la indignación de los colectivos animalistas del municipio, cuyos portavoces no dudaron en acusar al alcalde Andreu Bujosa (EOB) y a la concejala Sandra Llop (PSOE) de haber ordenado a Natura Park dar caza y muerte a los gatos de las colonias, después de haber ordenado su esterilización. «Que un ayuntamiento se gaste el dinero de los contribuyentes en esterilizar gatos y ahora gaste más en contratar a Natura Park para que sacrifique a esos mismos gatos es un despilfarro y un sinsentido», aseguraban entonces desde la asociación proteccionista Moixos, Moixons i Moixonies.