Después de siete años de incertidumbre el Ajuntament de Mancor ya sabe que no tendrá que indemnizar con 1,8 millones de euros al propietario de Biniatzent d'Alt por derribar en 2014 el chalet que construyó en un Área Natural de Especial Interés (ANEI) pese a que disponía de una licencia de legalización municipal.
El Supremo no ha admitido a trámite el recurso que presentó el propietario de las casas Simó Alba contra la sentencia del TSJB que en noviembre de 2020 concluyó que el propietario no merecía ser indemnizado porque actuó «de forma dolosa o negligente» al ejecutar obras sin amparo de licencia previa, por lo que «la posterior licencia de legalización no le otorga la cobertura pretendida». Reclamaba 1.876.601,16 euros.
Reacciones
Cabe recordar que Reynés obtuvo la licencia de legalización cuando era el alcalde Bernardí Coll (PP) que acabó dimitiendo en 2013 por este caso.
Coll mostró ayer su «satisfacción». «Se ha hecho justicia, estoy muy contento, por el bien del pueblo pero también personalmente porque los tribunales han dejado claro que nos engañó y actuó de mala fe para obtener la licencia de legalización y los que hoy gobiernan lo utilizaron para perjudicarme», dijo.
La demolición costó más de 100.000 euros
El alcalde de Mancor, Guillem Villalonga, confirmó ayer que una vez la sentencia del caso es firme el ayuntamiento pedirá a su abogado que inicie los trámites para reclamar al propietario de Biniatzent el coste de la demolición que ejecutó el Consistorio y que supera los 100.000 euros. El PP (en la oposición) también lo ha pedido expresamente en distintas ocasiones.