La cruz erigida en 1938 en Bunyola en honor a los caídos en la Guerra Civil tiene los días contados. El pasado 4 de marzo, la junta de Gobierno Local del ayuntamiento presidido por el alcalde Andreu Bujosa (EOB) aprobó el proyecto de las obras de derribo de la Cruz de los Caídos levantada en el centro del pueblo y conocida popularmente como ‘sa Creu'.
La decisión de desmantelar el monumento obedece al cumplimiento de lo dictado por la Ley de Memoria Democrática en todo lo referente a este tipo de símbolos. Una legislación sobre la que los actuales gobernantes de Bunyola (un pacto de izquierdas) no albergan duda alguna, aunque tampoco han querido hacer de la demolición de la cruz un espectáculo público.
La aprobación y licitanción de las obras de derribo de la Cruz de los Caídos se ha llevado a cabo con discreción y así se prevé también que se realicen los trabajos, presupuestados en aproximadamente unos 2.000 euros, según apuntan fuentes municipales.
La resolución de derribo del símbolo ‘franquista', descontextualizado en 1991 de cualquier signo que recordara a la guerra o a la posterior dictadura militar (de su base fueron eliminados los nombres de los vecinos que perdieron la vida durante los tres años que duró la contienda), llega después de un último esfuerzo, casi desesperado, de los grupos de PP y Vox en el pleno del consistorio por salvaguardar el monumento.
El pasado mes de julio, el pleno del Ajuntament de Bunyola rechazó una moción conjunta de los dos partidos mencionados que tenía por objetivo el mantenimiento y protección de la cruz. En su propuesta, PP y Vox solicitaban al ayuntamiento gobernado por Esquerra Oberta de Bunyola (EOB) y el PSOE que declarar que la Cruz de los Caídos «no constituye un monumento de odio ni enfrentamiento entre los españoles, sino de recuerdo entre aquellos vecinos de Bunyola que lucharon por España en uno y otro bando, sin exaltación de los enfrentados, siendo un símbolo de concordia y un elemento fundamental para la comprensión de la historia de nuestro pueblo», sostenían.
La propuesta también pedía que se reconociera el «valor histórico y patrimonial» de ‘sa Creu'. En este sentido, PP y Vox exigían que el gobierno municipal instara al Consell de Mallorca a iniciar los trámites pertinentes para, previo estudio de la Comisión Insular de Patrimonio, catalogar el monolito como Bien de Interés Cultural (BIC).
En este sentido, la moción a la postre rechazada, conminaba al alcalde Bujosa a “no dar inicio, paralizar o supender las obras y actuaciones que atenten contra el patrimonio histórico de Bunyola o que vayan en su contra”. Asimismo, PP y Vox también reclamaban que el ayuntamiento mantuviera y reafirmase el acuerdo del año 1991 que calificaba ‘sa Creu', ya descontextualizada, de «símbolo de democracia y convivencia del pueblo de Bunyola», aseguraban entonces los partidos de derecha.
«Con la retirada de la cruz cumplimos la ley, el programa electoral y el pacto de gobierno»
El alcalde de Bunyola, Andreu Bujosa (EOB), fue ayer muy conciso a la hora de entrar a valorar la decisión de su gobierno de aprobar la demolición de la Cruz de los Caídos. «Es una actuación en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, la misma que el resto de ayuntamientos han cumplido o vienen cumpliendo. Con ello también cumplimos el programa electoral y el pacto de gobierno, además de atender los requerimientos del Gobierno de España y el Senado», sostiene el edil. Argumentos similares a los esgrimidos en julio por la portavoz municipal Mercè Bujosa (EOB) tras asegurar a la sazón que no había ninguna propuesta de iniciar nada (en referencia al derribo de la cruz), que tampoco existía entonces propuesta alguna para desmantelar el monumento y mucho menos se había destinado un solo euro público a este propósito. Ahora, ocho meses después, el mismo gobierno del que es portavoz está a punto de licitar las obras de demolición de ‘sa Creu'.