El alcalde de Pollença, Tomeu Cifre Ochogavía, y los propietarios de las fincas de Bóquer y Cala Murta han pedido ayuda a la Conselleria de Medi Ambient para «regular» el acceso a través de sus fincas al mar. Llevan tiempo denunciando la huella medioambiental del senderismo, cada vez más masificado.
El director general de Biodiversitat, Llorenç Mas, recibió el pasado mes de enero al alcalde y a los representantes de la familia Capllonch (propietaria de Bóquer) y de la Fundació Rotger Villalonga (propietaria de Cala Murta) que le solicitaron una regulación de acceso similar a la que se aprobó hace años para circular hasta Cala Castell desde Ternelles y que hoy está suspendida provisionalmente por orden del Tribunal Superior de Justicia de Balears.
El alcalde se agarra a la sentencia del Tribunal Supremo que en el año 2001 dictaminó que existe una servidumbre pública de paso en todos los caminos que van a parar al mar. Aquella sentencia ya apuntaba la necesidad de regular dicho uso por razones ambientales.
Hay seis caminos en Pollença afectados por la sentencia, entre ellos los de Bóquer, Cala Murta o Ariant pero solo en el caso de Ternelles (que en ese momento estaba cerrado a los excursionistas) el Consell y el Ajuntament acordaron establecer un límite de 20 excursionistas al día basándose en un estudio realizado por la Universitat de les Illes Balears.
Ariant está gestionada hoy mediante un convenio de custodia del territorio por la FVSM que organiza jornadas de limpieza y divulgativas con aforo controlado en la zona.
El Ajuntament de Pollença planea ahora encargar un estudio para medir la presión humana que pueden soportar Cala Bóquer, Cala Murta y Cala Figuera. Con la aprobación del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) de la Serra de Tramuntana en el año 2007 el Govern creó distintas figuras de protección para las zonas más sensibles de la Serra.
En el caso de Cala Castell, grafió una zona de exclusión (en la que solo se permitía el uso científico) lo que ha llevado a los tribunales a suspender la servidumbre pública que previamente habían reconocido.
El Govern ha anunciado ahora que modificará el PORN suprimiendo la zona de exclusión de Cala Castell con la intención de recuperar el uso recreativo, pero a la vez aumentará las restricciones iniciales de manera que estará prohibido circular entre enero y septiembre, época de cría del buitre negro.
Masificación
La familia Capllonch, propietaria de la finca de Bóquer, tradicionalmente ha permitido el paso de excursionistas por su finca, pero lleva años avisando de la masificación. En su caso, el camino no pasa por zonas de exclusión pero sí por zonas sensibles.
Los propietarios de Bóquer intentaron personarse sin éxito (durante la fase de ejecución de sentencia) en el litigio que mantienen el Ajuntament de Pollença y la familia March sobre el Camí de Cala Castell. Querían que el juez ordenara al Ajuntament, tal y como hizo con Ternelles, que reconociera en el planeamiento urbanístico local las limitaciones de acceso que exige el PORN.