La Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears ha comenzado las investigaciones para aclarar los hechos relacionados con las denuncias que realizaron la plataforma vecinal de la calle Solleric, vecinos de la calle Pontarró y Junts-PP d'Alaró (entonces en la oposición) a raíz de presuntas irregularidades en la ejecución de la urbanización de Son Mas cometidas por el anterior Consistorio, presidido por el exalcalde Guillem Balboa (Més).
La oficina ha comunicado a los denunciantes que «de acuerdo con los hechos descritos en la denuncia y la documentación aportada se entendió que se ponían de manifiesto indicios suficientes para considerar la posible existencia de una actuación irregular por parte de las personas denunciadas». Por ello, resulta «procedente iniciar las actuaciones de investigación para el esclarecimiento de los hechos y su calificación jurídica».
La plataforma vecinal de la calle Solleric fue la primera en presentar una denuncia a principios de 2018 contra la urbanización de Son Mas, un entramado de nuevas calles y solares urbanizables creado en el otro costado de la calle. La plataforma libró una documentación que, según ellos, «podría poner en entredicho la buena praxis y transparencia en la ejecución de las obras por parte del Ajuntament, la promotora y la constructora». Los informes «pondrían de manifiesto el amiguismo y el trato de favor entre Consistorio y promotora».
Poco tiempo después se añadieron las denuncias de los vecinos de la calle Pontarró que apuntaron «la vulneración del convenio urbanístico entre el Ajuntament y la promotora de Son Mas», así como de la normativa de contratación. Las denuncias se produjeron cuando comenzaron los trabajos previos de las obras de evacuación de pluviales, que toparon con la oposición vecinal.
Vulneración
Por su parte, Junts-PP d'Alaró alegó también el incumplimiento del convenio urbanístico así como la adjudicación de dos proyectos de obra en sendas calles a un mismo ingeniero, por un valor global de 23.660 euros, lo que vulneraría la ley de contratación. Además, el PP denunció a la oficina que este profesional había cobrado más de 110.000 euros del Ajuntament por la redacción de nueve proyectos de obras.