La recuperación del uso público de la ruta Artà–Lluc entre Inca y Selva está en entredicho y pendiente de que el juez dicte sentencia. La dueña de la finca de sa Tanca demandó al Ajuntament de Selva a principio de 2019 por retirar la rejilla que, según la propietaria, delimita su finca, y según el Ajuntament invadía el dominio público impidiendo completar la ruta tradicional senderista por el camino viejo.
Casi dos años después la ruta está abierta y señalizada, a la espera de que se pronuncie el juez. Hasta el momento no ha habido medidas cautelares, pero un nuevo peritaje judicial independiente cuestiona la reapertura.
Borrador
El perito concluye en un informe del 29 de noviembre que parte del camino original ha desaparecido por la erosión del agua del torrente por lo que «es evidente que es necesario reconstruir el camino», así como «dejar de usar el paso actual en el caso de que la propiedad así lo exponga». El perito entiende que a medida que el camino público original se erosionó se fue formando un sendero alternativo.
El abogado de la demandante, Federico Morote, explicó que utilizará las conclusiones del peritaje para pedir en su escrito de conclusiones finales que se le devuelva a su representada la superficie de su finca que le fue retirada durante el proceso de reapertura del camino público.
Además del Ajuntament, el Consell también está personado en la causa judicial para defender el paso público por la ruta Artà-Lluc que considera de interés público.