El GOB denuncia que la alcaldesa Bàrbara Rebassa «ha encargado un informe externo (ignorando el de los técnicos municipales) para dar el visto bueno a la legalización del uso turístico como hotel del llamado ‘poblado marinero' destinado teóricamente solo a ‘alojamiento para tripulantes o navegantes' que amarran en el puerto deportivo». «La resolución de Alcaldía ampara una ampliación del Botel (obras hechas –de unos 400 m2– sin la preceptiva licencia)», añaden los ecologistas.
El GOB recuerda que «el regidor delegado de Urbanismo había denegado el 13 de septiembre de 2019 la licencia de legalización del Botel, de acuerdo con todos los informes técnicos y jurídicos que eran desfavorables a la concesión de la licencia, una decisión que Alcudiamar recurrió».
El regidor de Urbanismo, Joaquín Cantalapiedra, rehusó ayer hacer declaraciones a la espera de tratar la cuestión con los técnicos. También rehusó pronunciarse Alcudiamar.