La Conselleria de Salut i Consum, de acuerdo con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), ha ordenado este lunes la intervención de la nueva residencia del Patronat Joan XXIII de atención a personas con discapacidad para frenar los contagios de COVID-19, situada en Inca, y garantizar la adecuada atención a los usuarios. Ello después de que se haya detectado un brote en estas instalaciones que afecta a 17 de los 19 residentes, así como a 4 de los 23 trabajadores que trabajan en la residencia. Los residentes contagiados, a excepción de uno que fue trasladado este lunes al Hospital Comarcal de Inca, permanecen en el centro ya que son asintomáticos.
Como parte de las labores de vigilancia permanente y coordinada que Govern y Consell de Mallorca realizan de la evolución de la pandemia de COVID-19 en las residencias de Balears, el día 2 de octubre se cribó este centro después de que 1 de sus trabajadores diera positivo en la prueba PCR para detectar el SARS-CoV-2. A raíz de este cribado, este domingo se supo que 17 de los 19 usuarios (90 %) estaban infectados por el virus, así como otros 3 trabajadores (4 en total). Asimismo, los 2 usuarios que de momento son negativos son considerados contactos estrechos y, por lo tanto, tienen que estar aislados durante 10 días.
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La residencia, por su perfil social, solo cuenta con un único profesional sanitario y en estas circunstancias se necesita mucho apoyo para poder organizar los procedimientos y circuitos para atender a los residentes con COVID-19. Además, dado que se trata de personas con discapacidad intelectual que, por sus características, están mejor en su entorno siempre y cuando no tengan ningún síntoma y se encuentren bien de salud, desde la Subdirección de Cronicidad solicitaron este domingo realizar una intervención en los términos del Acuerdo de Consell de Govern de 19 de junio de 2020, para organizar todos los procesos sanitarios dentro de la residencia con el objeto de prevenir la expansión del SARS-CoV-2 y asegurar una vigilancia activa eficaz de los pacientes que quedan en el centro, además de prestar apoyo sanitario mientras haya personas infectadas de COVID-19 o con sospecha de COVID-19 que sean vulnerables.
Ayer, pues, la consejera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ordenó intervenir, durante 20 días, el control de la gestión sanitaria asistencial en relación a todos los procesos relacionados con la COVID-19 de este centro de servicios sociales de carácter residencial.
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Asimismo, se ha designado a una coordinadora sanitaria, cuyas funciones son controlar, coordinar y dirigir la actividad asistencial sanitaria del centro, dirigiendo al equipo de personal de la residencia y, en su caso, al asignado por el Servicio de Salud de las Illes Balears.
A partir de ahora, el personal, el equipo directivo y la titularidad de dicho centro, así como los propios residentes, se regirán por las instrucciones, órdenes y disposiciones de la coordinadora.
Desde el inicio de la pandemia, el equipo de coordinación sociosanitaria formado por directivos de los consells insulars de Menorca, Eivissa y Formentera, del IMAS y de las consellerias de Servicios Sociales y Deportes y de Salud y Consumo realizan un seguimiento diario de la situación en los centros, que deben contar con un plan de contingencia y cumplirlo.
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Cabe recordar que hace ahora 8 días que el Govern decidió la intervención de la residencia privada para personas mayores Sèniors Inca y , anteriormente, este seguimiento de la situación en los centros ya llevó a la intervención de otras tres residencias, todas para personas mayores: Bell Entorn, Oasis y DomusVi Palma.
En la actualidad, en las residencias para personas con discapacidad de Baleares hay 471 usuarios, de los que 18 son positivos (17 de la residencia del Patronat Joan XXIII y 1 de Can Raspalls, quien se encuentra hospitalizado). En cuanto a los profesionales, hay 10 positivos activos.