El aumento de viviendas ‘okupadas' en el término y la preocupación que cunde entre sus vecinos ha empujado al Ajuntament de Campos a liderar una ofensiva municipalista contra la ocupación ilegal de inmuebles en la Part Forana. El Consistorio presidido por la alcaldesa Francisca Porquer (PP) aprobará en el pleno que se celebrará mañana una propuesta dirigida a las instituciones competentes para que se endurezcan la medidas contra los allanadores. La moción, presentada por el grupo municipal del PP, se hará extensiva por la misma formación popular al resto de ayuntamientos de la Part Forana.
Según fuentes municipales, actualmente Campos cuenta con diez casas ‘okupadas', todas ellas con legítimos propietarios. Siete en el casco urbano del pueblo, una en la localidad litoral de sa Ràpita y dos en fora vila. A ellas hay que añadir la ocupación de las instalaciones del antiguo restaurante de Ca'n Cos, en las que, a día de hoy, habitan unas 20 personas, aunque el tráfico de gente que entra y sale es continuo y a las autoridades locales les cuesta determinar un número exacto en cada momento. Lo que sí tienen cuantificado es que cinco familias residentes en el mencionado edificio son atendidas en los Servicios Sociales.
La moción que aprobará este miércoles el Ajuntament de Campos propone que la Policía Local pueda desalojar las viviendas ‘okupadas' en un plazo exprés de 24 horas. También para declarar nula la inscripción de los ‘okupas' en el padrón municipal, así como reforzar el delito de usurpación, pasando de una multa a una pena de uno a tres años de prisión.
En Campos ya se han puesto en marcha movilizaciones vecinales para denunciar el «alarmante y creciente» problema de la ‘okupación' de viviendas, así como las «mafias y delincuencia asociada» a ella, habitual en los casos de Campos. También denuncian que parte de los habitantes de estas casas ‘okupadas' con titular reconocido cuentan con propiedades a su nombre o con un trabajo remunerado.
Propiedades con las puertas tapiadas por temor a los ‘okupas'
Los dueños de propiedades que ha sido objeto de ‘okupación', robos o han detectado en su interior la pernoctación de personas ajenas, han optado en los últimos meses por tapiar las puertas de entrada a estas viviendas. La mayoría heredadas de sus antepasados.