Oleada de indignación sin precedentes en Manacor, Mallorca, y más allá tras la brutal muerte que unos jóvenes dieron a Grisito, un gato al que maltrataron hasta el extremo en la localidad del Llevant de la Isla, y por la que dos individuos fueron detenidos.
En las últimas horas muchas voces han pedido reprender de forma ejemplarizante a los supuestos autores. Desde el primer momento se relacionó a personas de Manacor con el padecimiento que excede cualquier límite comprensible que el pobre gato Grisito tuvo que sufrir en la madrugada del pasado sábado.
El arresto de dos sospechosos y el conocimiento de sus iniciales, unido al hecho de que los dos presuntos implicados fueron en el pasado en listas de un partido político, ha propiciado que no pocos conectaran ambas circunstancias. De este modo, en las redes sociales se pone cara, nombres y apellidos a los presuntos maltratadores de animales de Manacor, un hecho que con la teoría legal y periodística en la mano es a todas luces desaconsejable.
¿Por qué? Muy sencillo. Porque con ello no se protege al detenido, como muchos creen, sino su derecho a la intimidad y la presunción de inocencia que se reconoce a todos los procesados, y que solo quebranta una condena o bien una confesión.
Por el momento miles de firmas piden justicia para el animal torturado y la esfera pública no se libra de esta polémica.
Así, al pronunciamiento del alcalde de Manacor, Miquel Oliver, afirmando que el Ajuntament de Manacor se personará como acusación en el proceso, y a la decisión del PP balear de apartar a los dos individuos mientras se dirime la causa en instancias judiciales, se une la posición de uno de los referentes contra el maltrato animal, el partido animalista PACMA, desde donde han considerado que «quienes cometen actos así son un peligro para la sociedad».