Los alcaldes de Baleares se reúnen este martes de urgencia para valorar el acuerdo aprobado este lunes en la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) –en la que no hay ningún representante de Baleares– por el que los ayuntamientos de España prestarán «voluntariamente» a la Administración General del Estado la totalidad de su remanente de tesorería para que este pueda emplearlo en el pago de gastos generales.
Cabe recordar que los ayuntamientos de Baleares acumulan cerca de 555 millones de euros de remanente en los bancos que el propio Gobierno central les impide gastar por la ‘ley Montoro' cuya derogación reclaman sin éxito los municipios desde hace años. La Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) ya envió una carta de rechazo al préstamo al Estado tras tener conocimiento del primer borrador del acuerdo entre Hacienda y la FEMP. Reivindican autonomía para gastar sus fondos.
Insumisión
Algunos alcaldes (como el ‘popular' Joan Rotger de Selva o el ecosoberanista Miquel Oliver de Manacor) ya han avisado de que podrían abandonar la FEMP como protesta. Hablan de «chantaje» del Estado a los municipios que solo podrán disponer de una parte de su remanente si antes entregan la totalidad al Estado.
La socialista Bàrbara Rebassa, de Alcúdia, dijo este lunes que no se plantea entregar al Estado el dinero de los alcudiencs y son varios los alcaldes y alcaldesas (de todos los partidos) que desde hace semanas en petit comité plantean una «insumisión» frente a la llamada ‘ley Montoro'. Avisan de que incumplirán la regla de gasto y tirarán del remanente para hacer frente a la emergencia social de la COVID-19.
El PI ha convocado este martes a primera hora a todos sus alcaldes para decidir si sus ayuntamientos abandonan también la FEMP.
El acuerdo entre la FEMP y Hacienda dice que los ayuntamientos prestamistas recibirán en 2020 y 2021 (siguiendo un criterio proporcional a los recursos que hayan cedido) un mínimo del 35 % de los fondos aportados hasta un total de 5.000 millones de euros (a repartir entre todos los participantes). Podrán gastar «con autonomía» dichos fondos solo para pagar conceptos previstos en el convenio (fomento de la movilidad sostenible, renovación de redes de abastecimiento, refuerzo de los servicios sociales y ayuda a personas vulnerables, entre otros). El importe íntegro del préstamo será amortizado en diez años a partir de 2022.
El de este lunes era el tercer intento del presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero (PSOE), de aprobar el acuerdo con Hacienda. Salió adelante con su voto de calidad después de producirse un empate técnico de 12 votos a favor (todos socialistas) y 12 en contra (10 del PP, uno de Cs y otro del PdeCat) con la abstención de IU-Podemos. Hasta este lunes ni siquiera tenía garantizado el empate.
Dos son los cambios introducidos en el borrador inicial que han hecho prosperar el acuerdo. El primero abre la puerta a que las entidades locales que no tengan liquidez puedan obtener ayudas.
El otro consiste, en dar suficiente ambigüedad al texto para que pueda interpretarse que los 5.000 millones de euros que recibirán los prestamistas en 2020 y 2021 serán a fondo perdido (no computarían como devoluciones del préstamo). El texto también es ahora lo suficientemente ambiguo para interpretar que los municipios que decidan no entregar al Estado su dinero estarán exentos de cumplir con la regla de gasto en 2020 y emplear el superávit de 2019 para gastos de 2020.