El pleno del Ajuntament d'Andratx aprobó ayer por unanimidad iniciar el pago de la indemnización de 15 millones de euros a los propietarios de los edificios ilegales de Monport, fijada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) tras ratificar que el Consistorio, presidido a la sazón por el alcalde Eugenio Hidalgo, concedió licencias para construir ocho edificios con 68 viviendas en zona protegida.
El alcalde Joan Manera (Més) explicó que, tras medio año de negociaciones, la administración local que lidera ha podido llegar a un acuerdo con Prosmi (empresa promotora de Monport), en virtud del cual los propietarios de la urbanización rebajarán un cinco por ciento de los intereses que el ayuntamiento también está obligado a pagar. Eso, si la indemnización fijada por el TSJB se abona antes del próximo 5 de septiembre. Esta rebaja supondrá para el erario un ahorro aproximado de 700.000 euros. Para poder hacer frente a la responsabilidad patrimonial derivada de la ejecución de la sentencia y hacer efectiva la indemnización antes del 5 de septiembre, el pleno aprobó también ayer una modificación de crédito.
De esta manera, el Ajuntament d'Andratx desiste de recurrir la sentencia del TSJB ante el Tribunal Supremo (cuyas posibilidades de éxito eran remotas) y, con la demolición de los bloques, poner punto y final a uno de los episodios señeros del urbanismo más salvaje desplegado en Andratx durante la primera década del 2000.
El Ajuntament d'Andratx otorgó en 2004 licencia a Prosmi y más tarde ésta fue objeto de investigación penal, en la que se descartó delito por parte de los propietarios de la promotora. Las obras se paralizaron tras el estallido del caso, en julio de 2007. Unos meses antes, el Consell de Mallorca había dado a los terrenos donde ya se levantaban los edificios condición de suelo protegido. A partir de ahí se desencadenaron varios procesos judiciales, declarándose nulas las licencias que había dado el Consistorio y concluyendo que ese suelo estaba protegido desde el año 1991.