Bunyola es uno de los municipios con más casos de envenenamiento animal entre 1992-2017, concretamente 19 episodios se han producido en esta localidad. En Baleares, se han dado 440 casos en los últimos 25 años, según concluye un informe elaborado por SEO/BirdLife y WWF, presentado este miércoles.
Un total de 21.260 animales han muerto en España en los últimos 25 años por cebos envenenados, de acuerdo con este informe que recoge la evolución y los efectos en la fauna silvestre del uso ilegal del veneno para perseguir depredadores en España, a lo largo de más de dos décadas.
El estudio recoge la principal información disponible sobre los efectos del uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural y supone una actualización del realizado por SEO/BirdLife y WWF en 2016, que contenía datos generales hasta 2013. Para esta actualización se ha llevado a cabo una petición de información ambiental a todas las comunidades autónomas españolas sobre datos relativos a los casos de veneno registrados entre 2013 y 2017.
Según el documento, entre 1992 y 2017 se han producido un total de 9.700 episodios de envenenamiento en el que han muerto más de 21.000 animales. Cada episodio ha podido dar lugar a la muerte de varios animales y es, cada uno de ellos, un delito contra la fauna enmarcado en el artículo 336 del Código Penal.
Sin embargo, las organizaciones aseguran que estos datos constituyen únicamente «la punta del iceberg» de este problema, siendo la dimensión real del mismo mucho mayor, ya que sólo se detecta una pequeña parte de los casos totales. De hecho, «esos datos registrados por las comunidades autónomas podrían suponer entre el 10% y el 15% de un dato real que podría superar los 200.000 animales», advierte el informe.
El uso ilegal de veneno genera un impacto muy grave en la biodiversidad española, siendo las rapaces el grupo de fauna silvestre más afectado (35%), seguido de los animales domésticos (21%) y de los carnívoros terrestres (9%). En concreto, impacta en especies como el buitre negro, el buitre leonado, el alimoche, el quebrantahuesos o el milano real.
Todas estas especies, en su mayoría amenazadas, junto a otros mamíferos, como el oso pardo, lobo ibérico, lince ibérico o zorro, son víctimas todos los años del uso de cebos envenenados, un problema que también afecta a numerosas mascotas en entornos urbanos, si bien el informe solo recoge casos de envenenamiento en el medio natural.
Tal y como recoge el documento, el veneno más utilizado en España es el carbamato aldicarb, sustancia prohibida desde el año 2007, y que aparece en el 40% de los episodios registrados, seguido del carbofurano (24% de casos), prohibido desde 2008, y la estricnina (5%), prohibida desde 1994.
El análisis recoge también por primera vez los 'puntos negros del veneno', que son los municipios españoles con más casos de veneno en todo el periodo 1992-2017. En la cúspide está Tudela (Navarra), seguida por Zaragoza, Bunyola (Baleares) y Albacete.
Por su parte, las comunidades autónomas que más casos de envenenamiento acumulan son las de mayor extensión territorial. En primer lugar se sitúa Andalucía, seguida de Castilla y León y, después, Castilla-La Mancha, Cataluña, Aragón y Extremadura. Sin embargo, al comparar el número de episodios con la superficie de cada comunidad en km2, los resultados son algo diferentes y pasan a los dos primeros lugares dos comunidades pequeñas, como son Baleares y el País Vasco.
Con respecto al anterior informe publicado en 2016, se observa un descenso progresivo en los casos detectados de envenenamiento de fauna, «situación que puede estar reflejando el trabajo que durante años se viene haciendo para reducir la incidencia de este delito», pues el informe recuerda que España ha avanzado mucho en las dos últimas décadas, encontrándose en mejor situación y con mejores herramientas que el resto de países europeos para erradicar esta «lacra global», siendo un referente internacional.
«El trabajo de instituciones, administraciones y de personas con una dedicación especial sobre este problema, ha resultado decisivo en estas dos décadas para poner límite al veneno», asegura David de la Bodega, responsable del Programa Legal de SEO/BirdLife.
De la Bodega destaca a las Fiscalías de medio ambiente, guías de unidades caninas especializadas, técnicos de las administraciones competentes, Seprona, agentes de medio ambiente y forestales especializados y técnicos de las ONG, las cuales han dedicado gran parte de su trabajo a terminar con esta amenaza para la biodiversidad.
Sin embargo, para Carlos Cano, experto en lucha contra el veneno en WWF España, «pese a los notables avances, el esfuerzo realizado aún no es suficiente con todavía un alto número de episodios y, además, se observa una cierta relajación de las instituciones y comunidades autónomas». «Al mismo tiempo, es preciso que Portugal se sume a esta tarea, ya que estas especies utilizan todo el territorio peninsular», sugiere.
Por otro lado, SEO BirdLife y WWF España incluyen en el informe una serie de recomendaciones para las administraciones públicas para la mejora de la situación. Así, consideran clave e imprescindible para impulsar la lucha contra el veneno la cooperación entre personas y regiones, con el impulso del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).