La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) somete a votación esta tarde el acuerdo entre el Gobierno de España y la FEMP por el que los los ayuntamientos de España que presten «voluntariamente» el remanente que tienen inmovilizado en los bancos al Estado estarán exentos de cumplir con la regla de gasto este 2020. Recuperarán parte del dinero prestado (hasta 2.000 millones de euros en 2020 y hasta 3.000 millones de euros en 2021) para poder invertir en agenda urbana y movilidad sostenible, cuidados de proximidad y cultura. El resto de la deuda se amortizará en un plazo de 10 años a partir de 2022.
Los alcaldes de Balears (que tienen inmovilizados en los bancos más de 555 millones de euros) se reúnen de urgencia este mediodía para forjar una postura común. El jueves por la noche ya enviaron dos cartas (al presidente de la FEMP y a la ministra María Jesús Montero) instándoles a «respetar y garantizar la autonomía que la Constitución y las leyes dan a lo entes locales para la gestión de los recursos» y a «flexibilizar las reglas de gasto para que los entes locales puedan emplear con toda su extensión sus superávits y remanentes».
La FELIB advierte de que no aceptará ninguna «norma que afecte a la autonomía, hacienda o estabilidad financiera de los entes sociales» que previamente no haya sido consensuada con la Federación Española de Municipios y Provincias. Pide además de que «si la modificación se circunscribe al ámbito territorial inferior al estatal se constituya una comisión mixta entre la FEMP, el Gobierno de España y la Federación Territorial de Municipios».