El Juzgado de Instrucción número 11 de Palma ha autorizado la destrucción del género intervenido a la empresa cárnica de Marratxí investigada por un presunto delito contra la salud pública. Se trata de toneladas de carne que se encuentran inmovilizadas en naves refrigeradas desde marzo de 2018.
Fue el propietario de la empresa quien solicitó la destrucción del material, alegando que su almacenamiento le estaba causando un grave perjuicio económico debido a que la actividad de la empresa fue suspendida cuando se produjeron las detenciones.
En un escrito dirigido al Juzgado, señalaba que llevaba 44.000 euros invertidos en mantener las naves refrigeradas, a pesar de que no puede ejercer actividad económica alguna con su empresa.
Aunque el Juzgado ha aceptado su petición para que se le permita deshacerse del género, le obliga a hacerse cargo de los costes. Por este motivo, el empresario ha presentado un recurso de reforma contra la decisión del Juzgado. Entiende que la administración pública debería ocuparse del traslado a una planta de tratamiento.