Si bien la práctica totalidad de los municipios de la Isla cuentan con una deixalleria o punto limpio, solo siete son legales y cuenta con la autorización ambiental pertinente. El resto, 53, están pendientes de su homologación. Así lo confirman desde la Conselleria de Medi Ambient que, de momento, descarta abrir expedientes sancionadores ni precintar los recintos «ya que consideramos que son un servicio público y el daño de cerrar todos estos puntos limpios sería muy elevado», explica el director general de Residus i Educació Ambiental, Sebastià Sansó.
Cabe señalar que en 2018 no había ninguna deixalleria legal en toda la Part Forana, por lo que en estos dos años seis municipios ya han regularizado su situación. Los primeros en normalizar sus puntos limpios fueron los municipios de Mancor, Calvià y Campos, a los que hay que añadir ahora Inca, Sóller y Campanet que finalizaron la tramitación ambiental el año pasado.
Pese a ello, el avance no es suficiente si se quieren cumplir tanto con la Ley balear de Residuos como con la normativa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Para revertir esta situación, desde la Conselleria de Medi Ambient impulsan una campaña para ayudar a los ayuntamientos a legalizar la situación de estos espacios imprescindibles para la ciudadanía.
Buena parte de estas instalaciones están en las afueras del centro urbano, por lo que se ubican en suelo rústico, cosa que no permite la normativa. «Estos deben estar bien en suelo urbano o industrial, por lo que cada ayuntamiento debería o bien cambiar la ubicación de la deixalleria o modificar el planteamiento urbanístico de su localidad para poder ser autorizado», explica Sebastià Sansó.
El director general de Residuos añade que hay una voluntad política de su departamento en dar «herramientas legales y también ayuda económica para que los diferentes ayuntamientos puedan legalizar su situación». Reconoce que «ha habido un avance» en estos últimos años pero que la situación no es suficiente. «Lo que hacemos es modular, amoldarnos a las necesidades de cada municipio ya que cada localidad tiene una situación específica», reconoce. La Conselleria de Medi Ambient destinará, entre 2019 y 2020 un total de 580.000 euros para proyectos de mejora de la gestión de residuos.
La Ley balear de Residuos deja claro que los municipios tienen la obligatoriedad de recoger y transportar los residuos domésticos no peligrosos y peligrosos generados en los domicilios de la ciudadanía, los comercios y los servicios. En las deixalleries es donde se arroja todo aquello que no pueda tirarse en contenedores convencionales, como podrían ser pilas, baterías, electrodomésticos, restos de pintura, aceites, halógenos o lamparas fluorescentes, muebles, objetos voluminosos o chatarra, etc.