El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Palma ha confirmado la orden de demolición del polémico cámping de la Colònia de Sant Pere dictada por el Consell de Mallorca en abril de 2006. Una sentencia de 17 de diciembre de 2019 desestima un recurso de la propiedad de este recinto turístico, UPA SA, contra este acuerdo de demolición.
Desde hace décadas, la polémica ha perseguido a esta instalación turística, cerrada hace años. Fue Iniciativa Verds quien denunció los hechos en 2002. La Comissió Insular d'Urbanisme abrió en abril de 2006 un expediente de infracción urbanística ordenando la demolición de los 88 bungalows, al entender que eran «ilegales e ilegalizables». La propiedad de este complejo interpuso un recurso de alzada ante el Consell contra esta orden de derribo que fue desestimado en julio de 2012.
Esta decisión fue recurrida otra vez ante los juzgados en septiembre de 2012 por parte de los abogados de la propiedad y ahora, ocho años después, la justicia ha resuelto desestimando el recurso. Contra este fallo del juzgado cabe interponer un recurso de apelación.
Antecedentes
Este recinto, en los años 90 tuvo una gran ocupación por su situación privilegiada, en la costa de Artà y por las instalaciones complementarias que ofrecía. Ahora, la degradación del recinto es constante. Paralelamente al expediente de infracción urbanística, se impuso también una sanción económica que ya se resolvió.
De una multa inicial de 937.00 euros se pasó a 510.00 euros y finalmente el Tribunal Superior de Justicia anuló la sanción en julio del año 2011 y estimó una multa económica de 17.239 euros.