El Govern frustró el 16 de enero, víspera de este Sant Antoni 2020, los planes del alcalde Tomeu Cifre (Tots) de introducir un gallo vivo en la cesta que corona el Pi en la Plaça Vella.
Agricultura se negó a enviar día 17 a Pollença a un técnico para comprobar in situ, tal y como le pidió el Ajuntament, «que esta tradición que se lleva a cabo más de cien años antes de la entrada en vigor de la Llei 1/1992 de protección animal, está permitida dentro de las excepciones de la misma legislación y que en ningún caso es la intención de los ciudadanos de Pollença, ni ahora ni nunca, hacer padecer al gallo sino todo lo contrario, mantener las tradiciones y hacer cumplir la legalidad». Previamente el Govern había advertido al alcalde de que colocar un gallo vivo en la fiesta supondría una falta muy grave y una multa mínima de 10.000 euros.
El alcalde finalmente acató las advertencias y sustituyó el animal por una réplica de metal, entregando el gallo vivo y enjaulado al joven que coronó el pino, tras el descenso. «Si no conseguimos que nos dejen volver a ponerlo arriba, que es nuestra intención, haremos la entrega abajo», dijo este Cifre.
Por su parte, Junts Avançam (en la oposición) solicitó este martes que se convoque con urgencia a la comisión de seguridad para evaluar si las celebraciones pusieron en riesgo la integridad de los asistentes. Cuestionan, entre otras cosas, la longitud del pino de 21,5 metros, la colocación de los calzos, la untada de manteca y la introducción en la cesta del gallo de hierro.