La sede del Patronat Joan XXIII de Inca vivió este lunes la asamblea más multitudinaria y caótica que la entidad ha experimentado en sus 45 años de vida. El motivo del acto invitaba a pensar que, en lugar de las diez personas que acudieron a la última asamblea celebrada en julio, habría más quorum porque se trataba de elegir a una junta directiva que tomara las riendas de un patronato que gestiona seis centros de asistencia a personas con minusvalías psíquicas de la comarca. Y se cumplió con creces porque fueron más de doscientos los socios que acudieron al evento.
Al acabar el escrutinio, el excalde de Inca Pere Rotger logró la mayoría de votos. Otros once candidatos que se habían presentado y que daban apoyo a Rotger también salieron elegidos para formar la junta directiva mientras que el asiento restante fue para un candidato de la
lista formada por padres, profesores y trabajadores de la entidad.
Los socios que iban a apoyar a Rotger ya habían recibido previamente una ‘chuleta' con los nombres que debían marcar. El otro grueso de candidatos la integraba un grupo independiente de padres, trabajadores y profesores.
La asamblea arrancó con unas palabras de la presidenta saliente, Magdalena Corró, que expresó haberse sentido «manipulada y engañada» por algunos integrantes de su directiva.
Tras la lectura de los proyectos realizados y de la auditoría, se vivió un momento esperpéntico con las votaciones a mano alzada, indicando con los dedos a cuántos socios se representaba, ante las reclamaciones de parte del público y del abogado de los socios y trabajadores descontentos, quien prevé la impugnación de la asamblea de anoche.
La votación para elegir la junta comenzó por los mismos derroteros y se añadieron dos urnas más al comprobar la tardanza. A última hora de la noche de este lunes aún se tenían que escrutar las más de trescientas papeletas con los nombres que habían marcado los socios.
Impugnación de unos socios
La pasada semana, un grupo de socios y trabajadores presentó una impugnación a la asamblea por no haberse convocado con diez días de antelación. Además, el viernes se comunicaron a la Fiscalía posibles delitos contables cometidos por miembros de la junta directiva ya dimitida.