Medio centenar de personas, entre adultos y niños, viven de okupas en las instalaciones de un antiguo restaurante de Campos, situado a la salida del pueblo en dirección a Santanyí. Una circunstancia que no es ajena al ayuntamiento de la localidad y ni mucho menos a los vecinos de la zona, quienes en los últimos meses han observado con estupor y preocupación la llegada constante de familias enteras de etnia gitana y origen magrebí al edificio.
Desde el Ajuntament de Campos apuntan que entre 40 y 60 adultos y niños residen de forma permanente donde en un tiempo abría sus puertas el restaurante Can Andreu Cos. Asimismo, como suele ser habitual en estos casos, la alcaldesa Francisca Porquer (PP) reconoce que, con arreglo a la ley vigente, el Consistorio tiene las «manos atadas» a la hora de poder actuar y solucionar el problema de forma definitiva. «Si fuera por nosotros, esta situación ya estaría arreglada», añade Porquer.
El conjunto inmobiliario okupado consta de un edificio de 1.500 metros cuadrados que albergaba la antigua casa de comidas, y un piso de 200 metros. En ambos espacios, sus actuales ‘inquilinos' estacionan sin empacho sus automóviles en lo que era el parking del restaurante, han hecho todo tipo de obras en el interior y disponen (el ayuntamiento sospecha que de forma irregular) de agua corriente y suministro eléctrico. Asimismo, los Servicios Sociales desplazados hasta el lugar han detectado la presencia de menores sin escolarizar, pese a que la mayoría de las personas que habitan Can Cos «se ha empadronado allí sin ningún papel», señalan desde la administración local campanera.
Mientras el Ajuntament de Campos asegura haber enfocado el asunto con «gran preocupación», los vecinos de la zona aseguran que algunos de los okupas «crean muchos problemas» y no son pocos los que temen que el asentamiento «se convierta en un nuevo Son Banya».
Proceso judicial
Según ha podido saber este diario, las instalaciones de lo que fue Can Andreu Cos pasaron de quien fue su último propietario a la entidad financiera Banco Popular (hoy propiedad del Santander), y de este a un fondo de capital riesgo, popularmente conocidos como ‘fondos buitre', que, a tenor de las últimas informaciones, parece que ya habría iniciado un proceso judicial para el desalojo del edificio.