Un grupo de unos 50 socios del Patronato Joan XXIII, entidad de atención a personas con discapacidad intelectual que presta servicio a unos 300 usuarios de la comarca, se concentraron ayer tarde ante el Ajuntament d'Inca para exigir la dimisión inmediata de la junta directiva de la entidad.
Cuestionan la capacidad de la actual directiva para emprender los proyectos que necesita el colectivo de personas con discapacidad. El pasado 2 de julio solicitaron formalmente la disolución de la junta, pero este jueves la actual directiva aún no había convocado la asamblea necesaria para su disolución. De ahí las protestas que continuarán el 28 de noviembre y el 3 de diciembre si no se producen novedades.
La todavía directora del Patronato Joan XXIII, Magdalena Corró, aseguró este jueves tarde que este viernes convocará formalmente a todos los socios a una asamblea que se celebrará el día 2 de diciembre.
Cunde la preocupación entre los familiares de los usuarios por los efectos que la crisis interna que vive la entidad puedan tener sobre los servicios que prestan a discapacitados psíquicos, menores y mayores de edad, de 22 municipios.
En este sentido se manifestó este jueves el alcalde de Inca, Virgilio Moreno: «Lo que nos preocupa es que la institución no vea perjudicada su imagen y el buen funcionamiento y labor asistencial y educativa, tan importante para nuestra comarca que ha prestado desde hace muchos años».
Fundada en 1975 Joan XXII atiende actualmente a unos 300 usuarios de la comarca y cuenta con una plantilla de casi 200 trabajadores.