El consejo de administración de Ports de les Illes Balears (Ports IB) acordó este martes iniciar el expediente de extinción de las concesiones administrativas de once edificios y viviendas ubicados en los puertos de Portocolom y Fornells, tras haber finalizado el plazo de vigencia en 2018.
Las concesiones de estas viviendas se adjudicaron entre los años 1948 y 1950 y los titulares tenían que pagar 54 euros al año por el uso de esta concesión en un bien público.
El conseller de Mobilitat i Vivienda, Marc Pons, explicó este martes que la Ley de Costas de 1988 prevé que todas las concesiones administrativas anteriores a su aprobación tendrían un plazo de vigencia máximo de treinta años, por lo que finalizaron en 2018.
Ports IB, basándose en esa ley, ha intentado recuperar las cuatro viviendas ubicadas en Fornells y las siete de Portocolom, que en este puerto están repartidas entre el Pla de sa Sínia (6) y Camp Roig (1).
Pons añadió que le Ley de Costas y la Ley de Puertos «no permiten la utilización de edificios en suelo público, ubicados en primera línea de litoral, como vivienda residencial. El objetivo es recuperar estos inmuebles y dedicarlos a otro uso diferente, como el cultural».
A todos los concesionarios se les citó en su día para tramitar el acta de reversión voluntaria de las viviendas. En el caso de Portocolom, dos de los titulares (uno del Pla de sa Sínia y el otro del Camp Roig) aceptaron por escrito la extinción de la concesión y por tanto el día 18 de septiembre harán entrega de la vivienda. Uno de ellos es la familia del empresario Javier de la Rosa, implicado en los 90 en el ‘caso KIO'.
Los otro nueve concesionarios han interpuesto recurso contencioso-administrativo. Aquí, destaca el presentado por la familia de expresidente del Palau de la Múxica Félix Millet, en Fornells, implicado en su día en el ‘caso Palau'.
Agotada la vía del acta de reversión voluntaria, ahora empieza la segunda fase que es la tramitación del expediente de extinción de las concesiones administrativa por parte de Ports IB. Pons explicó que «tenemos la obligación de trabajar por el interés general y cumplir tanto la Ley de Costas como la Ley de Puertos».
También agradeció la actitud de los titulares de los inmuebles que han devuelto la vivienda de forma voluntaria.
El conseller puntualizó que en el supuesto de tratarse de una vivienda de primera residencia o estar afectados por causas de exclusión social «se estudiará el caso para no dejar en nadie en ninguna situación de vulnerabilidad». Aclaró que, de momento, «no se tiene constancia de que ningún concesionario esté en esta circunstancia».
Pons puntualizó que las once viviendas son de segunda residencia para la época estival, cuyas construcciones «son de primerísima línea y muy singulares, de ahí la recuperación de los inmuebles».