La Conselleria de Salut i Consum ha iniciado un expediente sancionador contra el Ajuntament de Búger por dos faltas graves en materia de salud ambiental detectadas en la piscina municipal en agosto de 2018. Sanciones que se traducen en dos multas de 5.500 y 3.500 euros.
Entre otras carencias, faltaban programas de autocontrol de la calidad del agua, carecían de material para la prevención de ahogamientos, los niveles de cloro eran inferiores a los establecidos y los salvavidas no disponían de cuerdas. El Ajuntament tiene ahora quince días para alegar contra la resolución.
En caso de reconocer su culpa dentro del plazo de alegaciones podrá reducir hasta un 40 por ciento el importe total de la sanción. La sación, de la que el alcalde de Búger, Pep Lluís Pons (Més), dio cuenta el jueves por la noche al pleno, responde a una inspección realizada por el servicio de salud pública en agosto de 2018 de la que el anterior teniente de alcalde y hoy portavoz del PSOE (en al oposición), Pere Torrens, negó tener constancia oficial aunque existía una copia del acta levantada en la piscina.
Aunque parte de las deficiencias detectadas (entre otras las de los salvavidas hace tiempo que fueron subsanadas) Pons reconoce que otra parte de los problemas (deficiencias en los sistemas de tratamiento de agua) persisten hoy en día y requieren de una renovación total de la maquinaria que tiene previsto presupuestar en los presupuestos de 2019 que aún no están aprobadas.