La patronal del transporte recurrirá, primero por la vía administrativa y una vez agotada esta en la vía judicial, las restricciones del tráfico aprobadas por el Govern, el Consell, el Ajuntament y la Dirección General de Tráfico (DGT) para la carretera de Formentor. Entre el 15 de junio y el 15 de septiembre la administración prohibe la circulación de vehículos privados a motor de 10 a 19 horas entre la playa y el faro de Formentor y eso incluye a los autocares turísticos.
El sector denuncia pérdidas millonarias para las empresas que programan rutas guiadas en autocar y advierte de que la medida «beneficia» a la empresa privada que se hizo con la concesión en exclusiva del bus lanzadera que presta el servicio público de transporte colectivo de pasajeros entre el Port de Pollença y el faro.
Cabe recordar que la patronal ya advirtió hace meses al Govern de su disconformidad con el plan de choque, que las administraciones defienden como medida contra la masificación en las carreteras sin salida de la Serra. Amenazó con llevar el caso a los tribunales si no se buscaba una fórmula alternativa para los autocares turísticos.
El Govern ofreció entonces a la federación de transporte la posibilidad de que una vez al día, a las 10 de la mañana, un autocar turístico accediera y saliera del faro detrás de la lanzadera pública, pero esta oferta no satisfizo al sector que considera este horario incompatible con la demanda turística, especialmente de aquellos excursionistas que se alojan en zonas de la Isla muy alejadas del Nord.
Solicitaron que tres autocares pudieran acceder diariamente al faro en el horario restringido detrás de la lanzadera, concretamente a las 11, a las 12 y a las 13 horas pero el Govern se negó. Lo intentaron entonces con la DGT pero tampoco obtuvieron la respuesta que deseaban.
«Hace dos días decidimos remitir el expediente a los servicios jurídicos para interponer las acciones administrativas o judiciales que correspondan», dijo ayer el gerente de la patronal Salvador Servera.
Además, Salvador Servera se queja de que «el sector hace un esfuerzo en incrementar los salarios de sus trabajadores y en cambio el Govern nos prohíbe trabajar y tampoco ha desarrollado la ley de transportes que permite la venta por plaza del discrecional».