La Fiscalía ha pedido este lunes una condena de 5 años de prisión para una secretaria interventora municipal por ordenar que le retuvieran de la nómina menos dinero de un embargo judicial sin tener potestad para ello, a lo que ella ha alegado que fue una equivocación y que no hubo desobediencia.
La mujer fue condenada en 2009 a pagar 12.340 euros y el Juzgado ordenó al Ajuntament de Sineu que le retuviera parte del sueldo para hacer frente a dicho pago, por lo que desde finales de 2010 le fueron embargados durante seis meses alrededor de 650 euros mensuales.
En julio de 2011, la acusada remitió un escrito a la Mancomunitat del Pla de Mallorca comunicando que desde esa fecha y hasta nueva orden se le retendrían 300 euros mensuales, algo que sucedió durante dos meses, hasta que el ayuntamiento se dio cuenta y revocó esa orden.
Una funcionaria que se ocupaba de las nóminas del consistorio ha explicado en su declaración como testigo ante el tribunal que cuando se dio cuenta al ver las nóminas de que había bajado la cuantía retenida por el embargo, avisó a los servicios jurídicos municipales, aunque la decisión tardó dos meses en revocarse porque ocurrió en agosto y en ese departamento estaban de vacaciones.
En el juicio, la acusada ha admitido haber enviado dicho escrito a la Mancomunitat, pero ha precisado que lo hizo como funcionaria y no en calidad de secretaria-interventora. Ha explicado que lo hizo porque pensó que le era de aplicación una nueva normativa para personas con dificultad para pagar cuotas hipotecarias.
Ha insistido en que no fue un documento oficial y ha detallado que de su nómina vivían tres personas y acabó perdiendo su vivienda pero nunca se opuso al embargo «porque lo debía y tenía que pagar».
En el turno de última palabra, la acusada ha dicho que en aquellos tiempos denunció mediante un procedimiento contencioso-administrativo al ayuntamiento por un pago duplicado de certificaciones de obra que ella estimó en unos 100.000 euros y porque no le permitían llevar a cabo su labor de intervención, ni siquiera de los presupuestos.
«Yo simplemente era un muñeco de trapo que iba al pleno y levantaba acta y ese no es el trabajo de un secretario-interventor», ha asegurado ante el tribunal.
La acusada ha afirmado: «La situación para mí es injusta y peregrina. Lo único que he intentado hacer es mi trabajo. Me he equivocado, pero una equivocación no es un delito y nunca ha intentado para nada perjudicar al ayuntamiento».
La Fiscalía la acusa de falsedad documental cometida por funcionario público y desobediencia a la autoridad y pide que sea condenada a 5 años de prisión y a pagar una multa de 10.800 euros porque considera que dictó una orden «absolutamente arbitraria» y «aplicando de forma torticera» un decreto ley que no se aplica.
El fiscal ha destacado en el informe final que esa orden enviada con el membrete del ayuntamiento firmada por la secretaria-interventora no solamente es «totalmente arbitraria» sino que la propia acusada ha admitido que carece de competencias para darla.
Como alternativa, el fiscal ha pedido una condena de 10 años de inhabilitación, por prevaricación.
La defensa ha pedido la absolución al considerar que no existe falsedad porque lo que escribió la acusada no es un documento público ni una certificación y ha señalado que «es normal» que busque las vías judiciales posibles para que le embargue menos «sobre todo si está en una situación económica nefasta».
La letrada ha recalcado que no hubo «desobediencia tajante» ni de la orden judicial ni al alcalde porque el embargo se mantuvo aunque se redujera la cuantía.