Con el objetivo de conservar los elementos protegidos de la ciudad de Inca y evitar su desaparición, el Ajuntament d'Inca ha iniciado los trámites para instar a la propiedad de la casa catalogada de Can Mir, que se construyó en el año 1911, para que proceda a su rehabilitación. Si los dueños no actúan, el Ajuntament expropiará el inmueble.
Este expediente se ha iniciado después de que el Consistorio haya requerido en varias ocasiones a la propiedad que no ha contestado. Ante esta situación, ahora se da de plazo hasta el 12 de diciembre a los dueños para que se pongan en contacto con el Ajuntament d'Inca «y puedan realizar las alegaciones que consideren oportunas. De lo contrario, se pondrán en marcha todos los mecanismo necesarios para realizar las obras de manera subsidiaria e iniciar los trámites para expropiar la vivienda», según palabras del alcalde de Inca, Virgilio Moreno. También se abrirá un expediente sancionador.
Las obras que se deben ejecutar en Can Mir tienen un coste de 673.216 euros y se centran en el cambio de cubierta y la rehabilitación de los elementos que padecen patologías estructurales. Los técnicos solo han podido estudiar el estado de la parte exterior del inmueble (no pueden acceder al interior) y se da un plazo de seis meses a la propiedad para que pueda ejecutar la reforma.
El alcalde recordó que «durante años se ha consentido la desaparición del patrimonio de Inca y solo nos quedan los ejemplos de la gente que apostó por conservar sus cellers o algunas casas. Ahora queremos evitar que también desaparezca el inmueble de Can Mir, que está en el centro, y que presenta un muy mal estado de conservación».
Para ello, el Consistorio ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para conservar el edificio que se construyó en el año 1911 y que se destinó a un almacén de maderas. En 1914 se realizó una modificación del edificio cuyo arquitecto fue Guillem Reynés y en este proyecto fue cuando se incorporó la ornamentación modernista. Cabe decir que Reynés colaboró con los arquitectos Antoni Gaudí y Joan Rubio, que habían venido a Mallorca para llevar a cabo la restauración de la catedral a iniciativa del Bisbe Campins.
Con el inicio del expediente, el Ajuntament d'Inca actúa según lo previsto en el catálogo de patrimonio de la ciudad. En el documento se indica que la propiedad tiene la obligación de mantener en buen estado los elementos protegidos y prevé que, en caso de abandono, la administración pueda expropiar parte o el total del inmueble.
Con esta actuación, el Consistorio quiere, además de recuperar y conservar el elemento catalogado, mejorar la imagen del entorno de la casa de tres plantas que se encuentra en la céntrica calle Bisbe Llompart, bajando de la estación del tren a mano izquierda.