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La Fiscalía pide 3 años de cárcel para la exalcaldesa de ses Salines por obstrucción a la Justicia

La exalcaldesa de ses Salines, María Bonet. | Joan Socies

| ses Salines |

La Fiscalía Anticorrupción reclama una pena de tres años de prisión para la exalcaldesa de ses Salines por un delito de obstrucción a la Justicia. El ministerio público ha formalizado sus conclusiones provisionales por las supuestas presiones ejercidas por María Bonet sobre un arquitecto y una aparejadora municipal que denunciaron una serie de irregularidades en el urbanismo de la localidad ante la Fiscalía.

La calificación llevará a la apertura segura de juicio oral contra la ex alcaldesa. En el escrito, la fiscal Clara Lavado sostiene que existieron una serie de actuaciones de la entonces primera edil para entorpecer la investigación sobre el urbanismo. La principal acusación se concreta en la apertura de sendos expedientes a los dos funcionarios municipales.

La acusación considera que se produjo a partir de las denuncias y del inicio de la investigación penal y que se pretendía apartar a ambos técnicos. A la vez, sostiene que se llevaron a cabo otras actuaciones para ocultar expedientes a la acción de los investigadores como negar la entrada a determinadas dependencias.

Bonet fue citada por un juzgado de Instrucción de Manacor para declarar en 2017. En esa ocasión, la principal investigada en la causa se acogió a su derecho a no declarar. La fiscal, de forma alternativa a la obstrucción a la Justicia, califica los hechos como un posible delito de coacciones, que implica una pena menor.

La investigación principal investiga si se han producido de forma sistemática irregularidades en las licencias de construcción en el municipio a lo largo de los últimos lustros. El Ajuntament ya fue condenado hace un mes por un juzgado de lo Contencioso Administrativo que anuló la sanción que se le impuso a una aparejadora municipal al entender que existió un «desvío de poder».

Esa resolución ya vinculaba los expedientes que se abrieron a la aparejadora y al arquitecto a la existencia de la investigación penal. Según esa resolución de lo Contencioso, la intención municipal era apartar de su puesto a la funcionaria. El arquitecto que también fue sancionado está a la espera de que se resuelva esta investigación penal para reclamar contra la sanción.

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