La familia March, propietaria del Camí de Ternelles, ha presentado un escrito ante la Comissió Balear de Medi Ambient solicitando la recusación de su presidente Antoni Alorda por su «falta de imparcialidad» respecto a la servidumbre pública de paso hasta Cala Castell suspendida cautelarmente por el TSJB y que el Ajuntament de Pollença trata de recuperar tramitando la adaptación de su normativa urbanística al Pla d'Ordenació dels Recurs Naturals de la Serra (PORN). Alorda dice no incurrir en «incompatibilidad» y que el escrito de recusación «podría interpretarse como una táctica dilatoria».
Los March recuerdan, entre otras cuestiones, la participación de Alorda el 12 de octubre de 2009 en la histórica marcha convocada por Pro Camins Públics que acabó con centenares de personas saltando la barrera. Cabe recordar que aquella marcha marcó un antes y un después en el uso público del camino ya que el Ajuntament comenzó a autorizar el paso de hasta 20 excursionistas al día a través de la vía.
Tras años de litigio judicial entre el Ajuntament y la propiedad de Ternelles sobre la titularidad y el uso público del camino el Supremo acabó emitiendo ya hace años una sentencia salomónica que concluye que se trata de un camino privado sobre el que existe una servidumbre pública de paso para garantizar el derecho de acceso al mar. Esta sentencia ha sido ‘matizada' después de que el PORN de la Serra, marcara en 2007 dentro de la finca varias zonas de exclusión en las que solo permitía el uso científico alegando razones de conservación ambiental. El Supremo ordenó al Ajuntament adaptar su planeamiento al PORN en lo que respecta a Ternelles y el pasado julio el TSJB acabó suspendiendo la servidumbre a la espera de que el Ajuntament cumpla lo ordenado.
El caso está ahora sobre la mesa de la Comissió Balear de Medi Ambient, encargada de evaluar la propuesta de adaptación al PORN que ha redactado el Consistorio y que se sirve de una modificación de la Ley de Impacto Ambiental que en 2017 introdujo la posibilidad de autorizar de nuevo el excursionismo. Los March consideran que Alorda no tiene la «imparcialidad» requerida y solicitan que la Comissió paralice su tramitación.
«Se ha solicitado la recusación por falta de imparcialidad teniendo en cuenta que ha declarado, en múltiples ocasiones, su opción a favor de la existencia de la servidumbre en Ternelles y en contra de la sentencia del Tribunal Supremo», dice el administrador de la finca, Toni Coll.
Alorda asegura que no incurre en incompatibilidad. «Es una cuestión muy técnica en la que intervendré lo mínimo posible», dice. «Lo que no haré es parar la tramitación por lo que podría interpretarse como una táctica dilatoria», añade.