La revisión del Pla Hidrològic de le Illes Balears (PHIB), aprobado ayer por el Consell de Govern, cataloga suelos urbanos consolidados en Alcúdia de los años 70 y 80 como zonas húmedas, lo cual ha provocado la presentación de dos querellas criminales, una de ellas contra el conseller de Medi Ambient, Vicenç Vidal, y otra contra la directora general de Recursos Hídrics, Joana Maria Garau.
Representantes jurídicos de una de las partes afectadas, Playal, S.L., explican que «ha omitido y prescinde de cuantos recursos, alegaciones e informes han sido presentados por las empresas perjudicadas».
En este punto, indican que con las delimitaciones incluidas de humedal y humedal potencial sobre suelos urbanos anteriores a 1985, «producirá la multiplicación de querellas y múltiples reclamaciones de responsabilidad patrimonial económica contra el Govern, por importes millonarios».
Todo esto se desprende de los expedientes ya presentados contra la gestión de la Direcció General de Recursos Hídrics, y la primera demanda penal por prevaricación contra los citados miembros del Govern.
Las mismas fuentes jurídicas apuntan que «la anormal intervención del Consell Balear del Agua para la aprobación de este proyecto el pasado 14 de septiembre, junto a la necesidad de un nuevo plazo de alegaciones al proyecto, invalidarán, en su momento, esta aprobación que además deberá remitirse al Consejo Nacional del Agua, y posteriormente al Consejo de Ministros».
Entre los afectados, todos en suelo urbano consolidado, tanto residencial como hotelero, existen zonas verdes públicas cedidas y patrimonializadas por el Ajuntament, el propio Polideportivo de Alcúdia, los hoteles Mac Hotels, Hidropark Alcúdia, hotel Lagomonte, las unidades de actuación 1, 2 y 3 de las Normas Subsidiarias de Alcúdia, y dos importantes superficies comerciales ubicadas en la zona (ver gráfico adjunto).
Los querellantes no descartan presentar también actuar de la misma forma contra el Ajuntament de Alcúdia, en concreto contra su alcalde y concejal de Urbanismo «porque en todo momento han sido puesto al corriente de lo que iba a suceder y no han actuado en consecuencia. Todo ello dependerá de cómo evolucionen los acontecimientos».
Estos recursos y actuaciones jurídicas también se pueden extrapolar a Menorca y Eivissa, «aunque desconocemos que actuaciones llevarán a cabo en estas islas los perjudicados por la afectación de zonas húmedas sobre suelos urbanos consolidados. La situación es muy compleja y con responsabilidades penales claras».