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La modificación de la Ley de Impacto ‘salva' el paso público a Cala Castell

Un cartel advierte de la entrada en la zona de exclusión de Cala Castell. | Redacción Part Forana

| Pollença |

El Ajuntament de Pollença adaptará su planeamiento urbanístico al Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) de la Serra sin renunciar a la servidumbre pública de paso que el Supremo reconoció en el camino privado de Ternelles.

Se agarra para ello a la modificación de la Ley para la Conservación de Espacios de Relevancia Ambiental (Leco) que aprobó el Parlament hace un año y que introducía a través de una disposición adicional la posibilidad de autorizar el excursionismo en las llamadas zonas de exclusión de la Serra, donde por razones ambientales hasta entonces solo se permitía el uso científico.

El Ajuntament enviará en brece al TSJB toda la documentación ambiental necesaria para comenzar a tramitar la adaptación de su planeamiento al PORN en cumplimiento del último auto judicial que le advertía que si antes del 23 de junio no le remitía la documentación, el tribunal suspendería el derecho público de paso en virtud del cual a día de hoy el Consistorio sigue autorizando el excursionismo.

La disputa entre el Ajuntament de Pollença y la propiedad de Ternelles sobre el uso público del camino se prolonga ya más de una década. El litigio, que se inició cuando el Ajuntament incluyó el camino de Ternelles en el catálogo de caminos públicos, dio lugar ya hace años a una sentencia salomónica del Supremo que concluyó que se trataba de una vía privada sobre la que existía una servidumbre pública para garantizar el paso hasta el mar.

Las cosas cambiaron con la aprobación del PORN en 2007, que establecía, alegando razones de conservación ambiental, dos zonas de exclusión en Ternelles en las que solo se permitía el uso científico. La propiedad de Ternelles llevó de nuevo al Consistorio ante el juez y consiguió que el TSJB llegara anular la servidumbre pública por la imposibilidad de llegar al mar. La sentencia fue recurrida en el Supremo, que volvió a reconocer la servidumbre, pero a la vez obligó al Ajuntament a reconocer las zonas de exclusión.

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