Cuatro años después de ejecutarse por orden judicial el derribo de un chalet construido en un Área Natural de Especial Interés de Mancor que había sido legalizado irregularmente por el exalcalde Bernardí Coll (PP), el juicio por el que el propietario reclama una indemnización de 1,8 millones de euros al Consistorio ha quedado visto para sentencia.
El abogado del Ajuntament, Mateu Cañellas, informó este lunes de que la sentencia aún puede demorarse un año dado que serán los magistrados de Madrid que actúan como refuerzo ante la saturación que se vive en las Illes quienes se encargarán de resolver este asunto.
Vista judicial
En la vista, celebrada a principios de 2018, el Ajuntament mantuvo la tesis de que no cabe indemnizar al propietario de las casas de Biniatzent (construidas en un ANEI donde está expresamente prohibido el uso de vivienda) porque ha sido suficientemente acreditado que la propiedad no realizó obras después de obtener las licencias de legalización que posteriormente anuló el juez, sino que ya las había realizado con anterioridad, por lo que la anulación de la licencia de legalización no le habría supuesto coste alguno.
La defensa del Consistorio basa sus argumentos en un informe del Consell Consultiu y sostiene que el propietario utilizó modos y formas inexactos que «llevaron a error» a la Adminitración que acabó concediendo la licencia de obras cuando se le había ocultado que dichas obras ya se habían ejecutado en su práctica totalidad. El Ajuntament pagó los 114.000 euros que costó el derribo.