La representación legal de la antigua funeraria de Bunyola ha pedido a un juzgado de lo Contencioso de Palma que imponga multas coercitivas a miembros de la corporación municipal y a funcionarios para obligar a cumplir una sentencia firme que obliga a indemnizar a la empresa por un caso de competencia desleal.
La sentencia es firme desde el año 2011 y ya en 2013 el TSJB ordenó la ejecución forzosa de la misma. El Consistorio tiene que compensar a la funeraria por 1.290 entierros por un conflicto que arranca en los años 80. Entonces se concedió a Pedro Sastre Mas el servicio funerario del pueblo durante 20 años a cambio del pago de un canon anual de un millón y medio de pesetas y una serie de obligaciones contractuales. Sin embargo, dos años después se dio licencia de actividad a otra empresa que no tenía que pagar ningún canon.
Por lo tanto, los tribunales concluyeron hace diez años que se generó una situación de competencia desigual por la intervención del Ajuntament de Bunyola y se le obligó a compensar a la primera funeraria con los sepelios que dejó de facturar. Una vez se le instó a la ejecución forzosa de la sentencia, la Administración local pactó una serie de pagos a plazo, cinco en total. Sin embargo, desde hace más de un año dejaron de abonarlos. La empresa tiene que recibir aún 211.000 euros. Su representación estima que las maniobras que ha intentado el Consistorio para demorar los pagos muestra la existencia de mala fe procesal y de no cumplir con la sentencia y, de esta forma, ha solicitado que se impongan las multas.