El pulso judicial que la familia March, propietaria de la finca de Ternelles, mantiene desde hace más de una década con el Ajuntament de Pollença sobre las condiciones del acceso público a través del camino de su propiedad hacia Cala Castell abre ahora la vía para que otros propietarios de la Serra pidan amparo al juez para frenar la «masificación» en sus fincas en base a argumentos de conservación ambiental.
La familia Capllonch, propietaria de la finca de Bóquer (Port de Pollença), que siempre ha permitido el paso de excursionistas a través del Camí de Bóquer, ha pedido personarse ahora en la causa judicial de Ternelles (en fase de ejecución de sentencia) para que el juez ordene al Ajuntament, tal y como hizo con Ternelles, que reconozca en su planeamiento urbanístico las limitaciones de acceso que exige el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) en Bóquer por razones de conservación ambiental.
El PORN aprobado en 2007 grafió varias zonas de uso limitado en el interior de la finca de Bóquer en las que, debido a su «alta calidad biológica», por razones de conservación solo se admite un «uso humano moderado de carácter tradicional, un uso educativo y, excepcionalmente, un uso de visita debidamente controlado». La sentencia del Supremo que en 2001 concluyó que existe una servidumbre pública de paso en todos los caminos que conducen al mar ya apuntaba la necesidad de regular dicho uso por razones ambientales. Hay seis caminos en Pollença afectados por la sentencia, entre ellos los de Bóquer, Cala Murta o Ariant, pero solo en el caso del Camí de Ternelles (que precisamente estaba cerrado a los excursionistas) el Consell y el Ajuntament acordaron establecer un límite de 20 excursionistas al día.
Los propietarios de Bóquer tienen la sensación de que no haber cerrado el camino les ha podido «perjudicar» en su lucha por conseguir el compromiso de las administraciones públicas para limitar y controlar los «excesos» al paso por su propiedad. Así lo explica Miquel Capllonch, tercera generación de la familia propietaria de la finca que deja claro que no tienen intención de echar el cierre, pero pide que se imponga el «sentido común» para que el uso público sea compatible con la propiedad y el medio ambiente. La jueza ha inadmitido la solicitud de personación que han presentado los Capllonch porque la sentencia del Supremo obliga expresamente a adaptar el planeamiento al PORN en lo que se refiere a Ternelles, pero no menciona otros enclaves. Los Capllonch han presentado un recurso contra esta decisión. A la espera de que la jueza se pronuncie de nuevo, el alcalde de Pollença, Miquel Àngel March, reconoce que «existe un problema de masificación en Bóquer que tenemos que abordar». Descarta que la vía sea la adaptación al PORN y explica que se explorarán otras opciones.