El Ayuntamiento de Calvià ha abierto un expediente sancionador por un vertido de 84 sacos de escombros en una zona natural protegida de Cala Falcó, que podría dar lugar a una multa de hasta 45.000 euros por infracción grave, después de que la Policía Local haya identificado al responsable.
Los sacos con escombros, que presentan una inscripción, habían sido depositados en un área medioambientalmente sensible, cerca de la carretera que llevaba al Casino de Mallorca, en la zona de Cala Falcó, un espacio natural protegido según el Plan Territorial de Mallorca, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.
Se trata de una de las pocas zonas del litoral donde se mantiene el carácter natural y cuya protección también está prevista en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Calvià como espacio del litoral libre de urbanización.
El vertido de escombros de obras se localizó tras la alerta de un ciudadano a la Policía Local de Calvià, que además pudo identificar la matrícula de la furgoneta que había transportado el material.
Dos días después de la denuncia, los agentes vieron personalmente la descarga de más escombros e identificaron al presunto infractor, quien aseguró desconocer la normativa de residuos y no pudo aportar documentación relativa a la licencia de las obras que estaba llevando a cabo, origen de los escombros.
La Policía Local de Calvià ha dado trasladado al Ayuntamiento de esta circunstancia para que se instruya el expediente sancionador por realizar obras sin licencia.
Además, los agentes han localizado el origen de los escombros, que pertenecen a una obra de rehabilitación integral en un apartamento del edificio Cas Rey Don Jaime, donde se estaban derribando los tabiques del inmueble.
Los sacos hallados en el apartamento coinciden con los depositados en la zona verde, y todos contienen restos de obra, como azulejos de colores y ladrillos de marés.
A pesar de que la persona que realizó los vertidos ha sido identificada y se ha comprometido a retirar los sacos y a la limpieza del espacio, como responsable de la obra se enfrenta a una multa de hasta 45.000 según la Ordenanza municipal para la recogida de residuos municipales y limpieza de espacios públicos de 2014.
El Ayuntamiento tendrá que valorar el daño ocasionado, la repercusión de la contaminación, el grado de intencionalidad o culpabilidad, el coste de la restitución y la adopción de medidas correctoras por parte del infractor, antes de incoar el expediente sancionador.
También deberá tener en cuenta la concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes de la responsabilidad administrativa, la alteración social causada por la infracción así como el efecto que la misma produce en la convivencia con la vecindad, entre otros aspectos.
La determinación de la cuantía de la multa se fijará en función de si la infracción se considera una grave o muy grave y en virtud de la Ley de Residuos y Suelos contaminados de 2011, según la cual las sanciones graves se multan desde 901 euros hasta 45.000 euros.