La finca de Ternelles cierra sus barreras y solo permitirá la entrada de personas acompañadas de un guía, de miércoles a domingo, previa reserva gratuita a través de la web https://visitaguiadaternelles.com. Así lo ha anunciado el administrador de la finca, Toni Coll.
Las siete personas que han obtenido autorización municipal para entrar a la finca este lunes ya no podrán hacerlo. Hace meses que la propiedad comunicó al Ajuntament de Pollença la firma de un convenio con la Fundación Vida Silvestre Mediterránea (FVSM) para que esta gestionara las visitas a Ternelles de hasta 20 personas al día de miércoles a domingo entre las 9.30 y las 15 horas, bajo la supervisión de un educador ambiental.
Quieren impedir así que los excursionistas accedan a las llamadas zonas de exclusión del Castell del Rei y de Cala Castell, las más sensibles desde el punto de vista medioambiental y claves para la cría del buitre negro.
Conflicto
El Ajuntament se niega a aceptar los nuevos límites y ha seguido autorizando el paso a quienes lo han pedido a través de la web municipal. Defiende la libertad de circulación sin guía y denuncia un recorte en los horarios.
La propiedad basa su decisión en un estudio técnico sobre la accesibilidad al mar de las fincas de Ariant y de Ternelles realizado por la UIB en 2002 por encargo del Consell de Mallorca y del propio Ajuntament. Dicho estudio proponía un «conjunto de medidas correctoras para mitigar los impactos ambientales negativos provocados por el uso público de los caminos», entre otras la necesidad de controlar el número de visitantes y de que los excursionistas vayan con guías.
La propiedad y el Ajuntament de Ternelles llevan años litigando en los tribunales sobre las condiciones de tránsito por el camino. El Tribunal Supremo dictó hace años una sentencia salomónica que establecía que el camino era privado, pero que existía una servidumbre pública para garantizar el acceso al mar. A partir del 2006 el Ajuntament comenzó a dar autorizaciones de paso con un límite de 20 al día (10 más de lo que recomendaba el estudio de la UIB). Nunca hubo guías.
Tras la creación de las llamadas zonas de exclusión se inició un nuevo litigio judicial y el TSJB concluyó que la servidumbre pública dejaba de tener sentido dado que de hecho la zona de exclusión de Cala Castell impide llegar hasta el mar.
El caso llegó de nuevo al Supremo que anuló la sentencia del TSJB, pero condenó al Ajuntament de Pollença a adaptar su planeamiento al PORN de la Serra reconociendo las zonas de exclusión. Transcurrido más de medio año desde entonces el Ajuntament no ha cumplido la sentencia. Busca un resquicio legal para hacerlo sin renunciar al acceso público. Ya ha recibido una advertencia del TSJB.