El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha enviado un requerimiento al Ajuntament de Pollença en el que le da un plazo de diez días para cumplir la sentencia que dictó el Tribunal Supremo el pasado abril sobre la servidumbre de paso del Camí de Ternelles. La sentencia del Supremo obliga al Consistorio a adaptar su planeamiento urbanístico al Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals reconociendo las dos zonas de exclusión que existen en la finca de Ternelles y que limitan el tránsito hasta el Castell del Rei y Cala Castell.
El Ajuntament y la propiedad de Ternelles discuten desde el mes de abril si el último auto del Supremo reconoce o acaba con la servidumbre pública que el mismo tribunal reconoció en 2015 como garantía de acceso a la playa y que paradójicamente el TSJB anuló unos meses después (en un procedimiento distinto) al entender que no tenía sentido mantener la servidumbre si una zona de exclusión (la de Cala Castell), introducida en el PORN en 2007, impedía de facto llegar al mar.
La respuesta que el Ajuntament ofrezca ahora al requerimiento del TSJB será clave para que el tribunal clarifique cuál de las dos interpretaciones del auto del Supremo se llevará el gato al agua. Mientras tanto, sube de tono la disputa entre la propiedad y el Consistorio sobre las autorizaciones de paso que se emiten a día de hoy. La propiedad quiere que el Ajuntament deje de autorizar el paso de personas y que todas las visitas (gratuitas) se realicen a través de la Fundació Voltor Negre, con un guía y en grupos controlados.
El alcalde de Pollença, Miquel Àngel March, confirmó este jueves la recepción del requerimiento judicial y explicó que el Ajuntament tratará de explicar al tribunal que aún no ha adaptado su planeamiento al POOT porque la propuesta de adaptación se realizará a partir de un estudio ambiental que «lleva su tiempo» y en el que «el Ajuntament ya está trabajando».