El Ajuntament de Manacor respira más tranquilo. La última sentencia del Tribunal Supremo ha frenado en seco las peticiones millonarias por expropiaciones forzosas de zonas verdes, basadas en precios de zona urbana marcados por el Jurado Provincial de Expropiación de Balears, cuando en realidad se tratan de terrenos en suelo rústico y que hacían presagiar un futuro muy negro para las arcas municipales.
El pasado jueves se daba a conocer la resolución del Supremo en relación a la zona verde de la Torre Florida. Un total de 10.393 metros cuadrados propiedad de un lobby empresarial de la ciudad que pedían un total de 17 millones de indemnización por expropiación forzosa y que ha acabado en 500.000 euros y sin que se pueda recurrir la sentencia judicial.
Así, el Supremo ha creado jurisprudencia y ha entendido que el precio por expropiación de terrenos para zonas verdes se tiene que hace bajo criterios de precio de mercado de suelo rústico –unos 50 euros por metro cuadrado– y no como urbanos –sobre los 1.450 euros–; todo ello a pesar de que la zona contara con servicios públicos al estar junto al núcleo urbano.
Así, el Ajuntament tendrá que hacer frente a una indemnización de 500.000 euros a dichos propietarios; muy lejos de los 4,5 millones que marcó el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB) y mucho más de los 17 millones que se exigían desde el lobby empresarial.
Hay que recordar que este litigio se inició en el pasado mandato siendo alcalde Antoni Pastor. Tras la petición de 17 millones y ante otras previsiones de expropiaciones millonarias a la vista; Pastor y la oposición en bloque sumaron esfuerzos para evitar estos pagos millonarios.
Espera
Así se contrataron los servicios de Miquel Ripoll, abogado especialista en cuestiones urbanísticas, quien además también está al frente de la expropiación de los terrenos junto a la rotonda del Cilindro –a la salida de la ciudad hacia Porto Cristo– y por el que el mismo lobby pide 40 millones por 12.500 metros cuadrados. Esta causa se encuentra a la espera de sentencia por parte del Tribunal Supremo, una vez el TSJIB rebajara ya los 40 millones exigidos a 140.000 euros.
Con todo, el Consistorio espera que la primera sentencia del Supremo cree jurisprudencia y evite indemnizaciones millonarias por zonas rústicas.