La concejala de Tots Francisca Cerdà acusa al regidor de Urbanismo de Pollença, Tomeu Cifre (Junts), de ocultar información de expedientes de presuntas infracciones urbanísticas cometidas por él mismo y por sus familiares con el «silencio cómplice» del alcalde Miquel Àngel March. Ambos lo niegan.
Tras advertir al Consell de Mallorca de la «inactividad» del Consistorio frente a las denuncias que ella misma ha presentado sobre presuntas infracciones urbanísticas del propio edil de Urbanismo, del padre y del padre del cuñado de este, la concejala advierte ahora de que si no hay respuesta denunciará el caso ante el juez ante la sospecha de que puede haber un delito de prevaricación.
Las acusaciones de Francisca Cerdà, que hace a título personal y no como concejal de Tots, pueden pasarle factura. El edil de Urbanismo de Pollença, Tomeu Cifre, envió el pasado mes de enero un escrito a la Fiscalía denunciando «coacciones» de Francisca Cerdà, a la que acusa de denunciar obras realizadas en propiedades de él y de sus familiares con el objeto de presionarle para que, a su vez, presione al Consell y evitar la demolición de una vivienda de ella sobre la que pesa una orden de derribo que en estos momentos está recurrida en la vía judicial. Por si el enredo no fuera suficiente se da el caso de que Francisca Cerdà le compró precisamente al padre del cuñado de Cifre la vivienda sobre la que pesa la citada orden de demolición.
Ha sido el propio regidor de Urbanismo de Pollença, Tomeu Cifre, quien ha confirmado que remitió el escrito al fiscal el pasado enero, seis meses después de que Cerdà pidiera al Consistorio que comprobara si se habían producido infracciones urbanísticas en propiedades del propio regidor Cifre Bennàssar, de su padre y del padre de su cuñado.
De los tres casos denunciados por la edil de Tots, el Ajuntament ha tramitado dos, concretamente el de la propiedad del padre del cuñado del edil de Junts y el del propio edil. En el primer caso se ha ordenado el derribo de la construcción ilegal. En el segundo, tras una visita del celador, el Ajuntament concluyó que no había infracción en la vivienda del regidor de Urbanismo, informan técnicos de la casa.
En el tercer caso, el del padre del regidor de Urbanismo, el Consell se ha subrogado las competencias porque «el Ajuntament no ha acreditado que esté actuando», informan fuentes de la Agència de Disciplina. Las mismas fuentes explican que «la Agència iniciará el procedimiento sancionador y de restitución» siguiendo el orden de prioridades habitual que da preferencia a los expedientes a punto de caducar o que están en suelo de máxima protección. No es el caso.