Casi dos días después de haberse procedido a la retirada de la cruz que remataba el monumento a los Caídos, obra de Gabriel Alomar, la polémica por esta actuación –aplaudida por muchos y criticada por otros– se ha reactivado en las redes sociales, más aún al participar en estos foros miembros del equipo de gobierno de Sóller.
El concejal de Infraestructuras y Servicios, Andreu Castanyer, no ha dudado en poner públicamente por escrito que el criterio técnico que se ha seguido a la hora de decidir el alcance de la actuación –básicamente «cuanta cantidad» de monumento había que retirar– se hizo basándose en un informe del Grup de Recerca y Estudis Sollerics (GRES), algo que ya ha desmentido al menos uno de los miembros de este grupo, que además resulta ser funcionario municipal.
Todo el embrollo se enmaraña todavía más al admitirse desde el Pacte que la actuación del martes no tenía informe de los servicios técnicos ni jurídicos del Ajuntament, aunque sí hay un expediente que se abrió al aprobar el pleno la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en 2015.
El Pacte dispone de un informe elaborado en su momento por el departamento de Historia del Arte de la UIB que descarta que el monumento tenga algún tipo de valor patrimonial.
Por otra parte, la Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) se opuso en su momento, también por escrito, a la eliminación de la estructura por ser obra del conocido arquitecto.