Un nuevo auto del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) triplica las indemnizaciones que cobrarán cuatro propietarios de Cala Carbó por la desclasificación de terrenos de la urbanización de Pollença, desclasificación que aprobó el Govern balear en el año 2008. Los afectados cobrarán 5,6 millones de euros en lugar de los 1,2 millones de euros previstos inicialmente. Contra este auto aún cabe la posibilidad de presentar un recurso de casación.
El nuevo auto judicial, dictado durante el proceso de ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de junio de 2015 que condenó al Govern a indemnizar a los propietarios acepta la valoración económica presentada por cuatro propietarios (Promotora Tecno Habitat, Belgiper, Cagimer y Presa Amengual y Rodríguez Mónaco) pero no modifica el criterio inicial de que deben ser indemnizados exclusivamente por los gastos derivados de la urbanización y no por sus expectativas de urbanización frustradas, fenómeno que jurídicamente se conoce como lucro cesante.
Los propietarios de Cala Carbó llegaron a pedir al Govern balear indemnizaciones por valor de 140 millones de euros, nada que ver con las cifras que se manejan ahora. La nueva valoración económica de los gastos de urbanización a la que ha dado el visto bueno el TSJB se actualiza teniendo en cuenta el precio real que tendrían los costes y gastos si se realizaran en 2008, fecha en la que se desclasificaron los solares, con independencia de que los propietarios abonaran algunas de esas cantidades en 1963.
El TSJB estima un coste total de gastos de urbanización de 9.354.898,04 euros que distribuye entre los 70.751 metros cuadrados de suelo lucrativo desclasificado en la urbanización.
La promotora Tecno Habitat, propietaria de 31.634 metros cuadrados, recibirá 4,1 millones de euros. Belgiper, con 6.556 metros cuadrados, recibirá 866.014 euros. Cagimer, con 1.175 metros cuadrados, recibirá 155.211, y Presa Amengual y Rodríguez Monaco, copropietarios de 3.657 metros cuadrados recibirán 483.071 euros.
Otros cuatro propietarios de la urbanización ya han cobrado 1,2 millones de euros beneficiándose de una sentencia anterior del TSJB mucho más ventajosa para ellos que la que dictó el Supremo en 2015 porque sí reconocía el lucro cesante. Paradójicamente un cambio legislativo impidió a estos cuatro propietarios (los de las porciones de terreno más pequeñas) presentar recurso porque sus indemnizaciones no superaban 600.000 euros cada una y han salido beneficiados.
Así, teniendo en cuenta el último auto judicial y a la espera de saber si las partes presentarán recurso, el coste total de las indemnizaciones por la protección de Cala Carbó en Pollença suma 6,8 millones de euros.
Las propiedades de los demandantes, situadas en la Cala Sant Vicenç, estaban clasificadas como suelo urbano desde 1990.