El TSJB condena al Govern a pagar otros 7,4 millones de euros más por la desclasificación de los terrenos de Biniorella. Es la segunda sentencia en el mismo sentido en una semana, después de la que condenaba al pago de otros 20 millones a otra promotora y quedan pendientes de resolución otros dos recursos más, también por la misma sala de lo Contencioso del TSJB por lo que es muy probable que acaben en el mismo sentido.
En el año 2008 se aprobó un paquete legislativo para impedir la urbanización de varias zonas de Balears. En concreto afectaba a varias parcelas de Camp de Mar, algunas de las cuales estaban ya incluidas en planes urbanísticos desde el año 1953, si bien nunca se habían llegado a desarrollar. En 2008 se declararon estos terrenos zona rústica protegida. En este caso, el propietario pretendía construir en cuatro parcelas de más de 10.000 metros cuadrados, a los que se sumaba una zona deportiva privada de 12.800.
El Tribunal descarta que toda una serie de modificaciones legislativas posteriores llevadas a cabo por el Govern y el Parlament hasta el año pasado puedan servir para evitar compensar al propietario del suelo por los derechos urbanísticos que perdió con el decreto. El tribunal critica los «continuos vaivenes legislativos». Los magistrados también rechazan el argumento del Govern que pedía que se desestimara la indemnización en base a que el valor paisajístico de la zona justificaba su protección. Concluyen que los propietarios habían cumplido con todos los deberes urbanísticos y que los terrenos estaban dotados de todos los servicios por lo que ya tenía un valor que debe ser compensado.
La resolución puede ser recurrida ante la propia sala de lo Contencioso o ante el Tribunal Supremo.