Los ‘party boats' o ‘cruceros de borrachera' que socavan la imagen de zonas turísticas en pleno proceso de reconversión, como es el caso de Magaluf, se aprovechan del actual vacío legal existente para dar rienda suelta en el mar a los excesos etílicos y de decibelios que, en tierra firme, el Ajuntament de Calvià sí puede regular y sancionar. Sin embargo, este libre albedrío puede tener los días contados, pues el Govern planea crear un nuevo marco jurídico para pertrecharse de las herramientas legales necesarias para que, tal y como ya ocurre en Ibiza (cuyo Consell tiene transferidas las competencias en ordenación turística), los ‘party boats' cumplan con los mismos requisitos que el resto de restaurantes, bares y discotecas.
Tras modificar la ley turística para regular el alquiler vacacional, la Conselleria de Turisme prevé introducir en la mencionada legislación nuevos cambios que, entre otros aspectos arroguen al Govern el control de un producto que, a día de hoy, ni siquiera figura en su registro de actividades turísticas.
La decisión del Ejecutivo balear de modificar la Llei de Turisme para poner coto a los desmanes que se producen en los ‘cruceros de borrachera' y evitar que tales prácticas sigan perjudicando a la imagen de importantes polos turísticos como Magaluf, da respuesta a una cuestión que preocupa sobremanera al Ajuntament de Calvià, que, de un tiempo a esta parte, viene manteniendo conversaciones con el departamento dirigido por el vice president Biel Barceló «para que coordine acciones y actuaciones con el fin de que se ponga orden sobre esta actividad», aseguran fuentes municipales.