El PP de Calviá ha considerado un «disparate administrativo» que se exija catalán a las empresas que contraten con el Ayuntamiento.
La formación ha señalado que la propuesta, además de ser «una idea nefasta políticamente», tiene «muchas posibilidades de ser ilegal y anticonstitucional», según un comunicado.
Así pues, han defendido que tener que usar el catalán en rótulos, publicaciones, avisos y otras comunicaciones de carácter general que se deriven de las prestaciones objeto del contrato son propuestas «cercanas a una administración de escaso corte democrático». También han criticado que se amenace con resolver el contrato si se incumple.