La retirada de escombros y vertidos incontrolados e ilegales en diferentes «puntos negros», tanto en suelo rústico como en urbano, cuestan al Ajuntament de Inca una media de 700 euros al día. Así lo informó la regidora de Serveis del Ajuntament, Xisca Barceló, que anunció una nueva campaña para controlar el incivismo de algunas personas, la mayoría gente de los pueblos cercanos a Inca que depositan su basura en la capital del Raiguer.
Para poner freno a esta situación, el Consistorio habilitará una pareja de policías locales que patrullarán de paisano y que tendrán la función de vigilar los puntos de recogida de basuras. «La pareja de policías vigilará las zonas conflictivas y apuntarán las matrículas para poder denunciar a los infractores», según explicó la regidora de Policia, Antònia Triguero.
De hecho, la ordenanza municipal contempla la imposición de sanciones que llegan hasta los 10.000 euros en suelo urbano, aunque la cifra se dispara hasta los 300.000 euros si los vertidos incontrolados se depositan en rústico. Estas multas se publicaron en las zonas conflictivas con grandes carteles traducidos en cinco idiomas (catalán, castellano, inglés, francés y árabe) como medida disuasoria, pero no han dado resultados.