El alcalde de Pollença, Miquel Àngel March, histórico expresidente del GOB, instará a los diferentes grupos políticos parlamentarios a que durante la tramitación de la nueva Llei 8/2012 de Turisme introduzcan las disposiciones necesarias para garantizar que las viviendas vacacionales que actualmente disponen de autorización de Turisme puedan continuar con su actividad con independencia de si tienen o no infracciones urbanísticas pendientes o cédulas de habitabilidad. Se calcula que un millar de viviendas que ahora se comercializan legalmente pueden verse afectadas con la nueva normativa solo en Pollença.
«Alcalde ecologista, si eso no es transfuguismo ideológico, no sé cómo lo tenemos que llamar». La frase, pronunciada por la portavoz de Alternativa (en la oposición) en el transcurso del último pleno ordinario en el que se aprobó la moción de Junts (coalición de PSOE, Més y Esquerra que lidera March como independiente) fue demoledora. «No exageremos», dijo March que había guardado un silencio absoluto durante el debate de la moción de su grupo defendida por la regidora de Turisme de Pollença, Iliana Capllonch.
Aunque la moción (que tuvo también el apoyo de UMP, Tots, el PP, y el regidor no adscrito Martí Roca) no menciona expresamente el concepto de infracción urbanística, durante el debate quedó sobradamente claro que su finalidad es permitir que continúe la comercialización de las casas que, con independencia de si cumplen o no la normativa, han obtenido licencia de Turisme desde finales de los 90.
La Conselleria de Turisme quiso dejar claro que «Turisme no controla el urbanismo, eso lo hacen los ayuntamientos y los consells. Si estos imponen una sanción firme por infracción grave o muy grave no se puede comercializar mientras no se restituya la legalidad».